martes, 1 de diciembre de 2015

LA USMP tiene las suficientes condiciones básicas como para pasar la supervisión de la Sunedu

Isabel Carreño
Ricardo Cuenca, investigador principal del IEP, afirma que los dichos del hoy candidato aprista Alan García contra la Ley Universitaria y la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu) responden a la campaña electoral y a una suerte de desesperación del ex presidente que ha sido desplazado en las encuestas.

Alan García dijo que de llegar a la presidencia se 'tumbaría' la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu).  ¿Qué busca este discurso?
A estas alturas lo que dice es incomprensible. Lo único que me anima pensar es que este es un discurso que busca jalar algunos votos de los que están en contra de la Ley Universitaria, y que se han quedado inconformes con el fallo del Tribunal Constitucional. La desesperación de Alan García de estar bajando en las encuestas hace que salga a decir estas cosas que no tienen ningún sentido.

¿Es meramente electoral? Alejandro Toledo también está en contra de la ley...
Es un asunto totalmente electorero. Efectivamente, la Ley Universitaria no ha tenido el mayor consenso en el Congreso. La discusión fue muy polarizada y siempre es bueno ganarse algunos 'votitos'. Especialmente si estás bajando y en el cuarto lugar. Por ejemplo, César Acuña acaba de decir que está en contra de la 'Ley Cotillo' y es dueño de una universidad. 

¿Crees que en lo que dice García exista interés de una universidad en particular?
La Universidad San Martín de Porres tiene las suficientes condiciones básicas como para pasar la supervisión de la Sunedu. Lo que considero es que se trata de un asunto muy electorero. Lo que dice es irresponsable.

Pide que el Estado no se involucre con las universidades.
Esto muestra al García más neoliberal e incluso creo que traiciona un poco los principios del Partido Aprista. La idea de que el Estado no pueda participar es ultraliberal, que no tiene una razón de ser. El Estado lo que hace es justamente velar por que no existan inequidades, entonces tiene responsabilidad directa por todos los ciudadanos y es el que tiene que regular las condiciones básicas y eso es lo que hace la Sunedu, es decir, nadie te va a estafar. 
¿Es posible que con la Sunedu haya intromisión de los gobiernos de turno?
¡Falso! La única persona que es puesta por el Poder Ejecutivo, que es un cargo de confianza, es el superintendente... y los otro cinco cargos se eligen por concurso público. Además tiene un periodo escalonado,  en el cual ninguno de estos va a estar en un gobierno continuo sino que se van rotando cada año, dos años y así sucesivamente. Es absurdo pensar que el Ejecutivo ha capturado esa superintendencia. 

¿No es cierto entonces?
A todos los que dicen eso, los invito a leer la página web de la Sunedu y se van a dar cuenta de cuáles son los criterios básicos de licienciamiento. Es trasnochado, absurdo y poco informado, pensar que la Sunedu va a intervenir o que el Poder Ejecutivo nombra al consejo dentro de esta entidad.

En esa línea, está semana incluso se intentó poner en debate la 'Ley Cotillo'.
Esta ley solo quiere petardear la Ley Universitaria... pero, de nuevo, de la forma más absurda, porque la norma incluso está respaldada por el Tribunal Constitucional. Son manotazos de ahogado.

En un hipotético caso de que la aprueben en el futuro...
A pesar de que no estamos de acuerdo, pero respetamos la democracia y el Congreso aprueba esta ley, le van a dar un año o dos años más de vida a los rectores, luego se van a ir y se tiene que implementar la norma. Los argumentos en contra que dan son básicos. Todos los diagnósticos dicen que la Asamblea Nacional de Rectores no hacía su trabajo porque existían intereses de por medio. En el 2008, cuando no existía ningún debate de este tipo, el Consejo Nacional de Educación sacó un documento en el que pedía un ente rector de educación superior porque la ANR no estaba cumpliendo su labor.

¿Hay posibilidad de que el nuevo presidente, como dice García, "se tumbe" esta norma?
Siempre es posible, porque ahí donde hay una ley, hay la posibilidad de sacarle la vuelta a la norma. Por ejemplo, si el Ejecutivo pide facultades al Congreso y decide tirarse abajo la ley, el mejor candado posible es la legitimidad que tiene, hoy,  esta norma. También hay que recordar cómo los estudiantes han marchado contra la 'Ley Cotillo' porque sienten que tienen mayor participación. En el lado pragmático, el siguiente gobierno va a tener que desarmar todo lo que se avanzó. El 85% de universidades tienen estatutos nuevos y el 90% de las privadas ya adecuaron estos a la nueva ley. Sería ocioso, definitivamente. 

Fuente: La Republica

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