domingo, 28 de junio de 2015

Daniel Mora: Alan García y PPK son unos mercantilistas de la educación

Entrevista al congresista Daniel Mora:
Hamer Arteaga Alvarado
Se cumple el primer aniversario de la aprobación de la Nueva Ley Universitaria en el Congreso y el parlamentario Daniel Mora, impulsor del proyecto desde la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, conversó con diario16  para denunciar que existen universidades que siguen funcionando en chifas, que algunos jueces actúan en pared con exrectores para desconocer resoluciones de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), y que los presidenciables Alan García Pérez y Pedro Pablo Kuczynski apoyan la mercantilización de la educación.
-Con 13 votos de diferencia, el Congreso aprobó la Nueva Ley Universitaria, un debate donde estuvo en juego intereses particulares de algunos legisladores…
Fue difícil sacar adelante esta ley porque luchamos contra lobbies, mafias e intereses de algunos parlamentarios que son dueños de universidades. Pero el 10 de julio de 2014 entró en vigencia la Nueva Ley Universitaria.
-Trascurrido el primer año de la aprobación de la ley,  ¿cuál es su balance?
Los resultados no son tan positivos como hubiéramos deseado, fundamentalmente por la actuación de los rectores de las universidades públicas, quienes desacatan la ley.
-¿Pero las autoridades deben actuar de oficio cuando desacatan la ley?
Si bien el Poder Judicial y el Ministerio Público pueden actuar de oficio ante el incumplimiento de la ley, sorprendentemente algunos jueces y fiscales intentan frenar las disposiciones de la Nueva Ley Universitaria.
-¿Por qué actúan de esa forma?
Porque los rectores han comprado a miembros del Poder Judicial para interponer acciones de amparo y mantener a las autoridades que dejó la desaparecida Asamblea Nacional de Rectores (ANR). Es más, algunos jueces y fiscales son contratados como docentes, y otros reciben la distinción de doctores honoris causa.
-¿Los rectores que se aferran a sus cargos defienden intereses monetarios o educativos?
Principalmente estos rectores de universidades públicas quieren seguir con la mamadera. Hay rectores que ganan entre 100 mil soles y 200 mil soles que provienen de los recursos que genera la universidad. Tengo los documentos para probarlo.
Pero eso no es todo, las universidades también tienen terrenos que son alquilados para sacarles el máximo provecho. Y nadie controla el uso de esos recursos. Ellos, los rectores, no quieren soltar la marmaja, como es el caso de la Universidad Jorge Basadre, San Agustín, San Marcos y otras más.
-¿Pero qué está haciendo la Sunedu?
La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria tiene el poder de denunciar y lo debería hacer por intermedio del procurador de la Sunedu, pero la institución no termina de consolidarse, recién lleva poco menos de un año.
-Alan García y PPK se han pronunciado reiteradamente sobre la Sunedu. Es más, dijeron que la desaparecerían de llegar al gobierno…
Alan García y PPK son mercantilistas de la educación, creen que es una mercancía, nunca se dieron  cuenta de que la educación es la principal variable para el desarrollo de la economía nacional. Pedro Pablo Kuczynski no conoce la realidad peruana y solo quiere favorecer a los bolsillos de los extremadamente neoliberales. Los reto –a García y a Kuczynski– a debatir sobre la Nueva Ley Universitaria.
-Es más, existen universidades que financian campañas políticas…
Por supuesto, hay universidades que sirven de banco. Cobran una irrisoria cantidad de dinero y ofrecen una pésima educación que termina financiando campañas. Y por eso estamos últimos en los rankings.
-Para mejorar la calidad universitaria se tiene que elevar el nivel de la educación, pero también contar con una buena infraestructura ¿Aún existen universidades que funcionan encima de galerías comerciales?
Es el caso de la Universidad San Juan Bautista (del congresista fujimorista José Elías Ávalos), que funciona en la galería San Lázaro y cuya facultad de medicina está sobre un casino y pub. Pero algunas universidades siguen enseñando en mercados y chifas.
Fuente: Diario16

Ejecutivo propone equiparar bachiller de institutos con el de las universidades

Licencias que obtengan centros educativos solo duran cinco años, luego estos volverán a ser evaluados. Sanciones pueden terminar en el cierre de instituciones.
En mayo, Daniel Mora, titular de la Comisión de Educación, lamentaba en Gestión que el Gobierno no agilice la aprobación de la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo no solo se apuró y la aprobó esta semana, sino que ayer la envió al Congreso.
La iniciativa no solo confirma lo que adelantamos en el sentido de que los institutos tendrán la posibilidad de poder crear filiales.
Igualdad 
El proyecto además propone establecer solo dos tipos de instituciones: los institutos de educación superior (IES) y las escuelas de educación superior (EES).

En ambos casos la iniciativa del Ejecutivo propone que puedan entregar tanto bachilleratos como títulos, lo cual dependerá del periodo de estudios y los trabajos de investigación realizados por el alumno.
En el caso del bachiller, este tendrá valor igual al de una universidad. 
Es más, la norma también plantea que el grado habilita al estudiante a realizar estudios de posgrado.
Luz verde 
El proyecto señala que los institutos tendrán seis meses para adecuarse a la nueva ley, si es que esta es aprobada por el Parlamento.

El proceso crucial aquí es obtener el licenciamiento que lo otorga el Organismo de Gestión de Institutos y Escuelas de Educación Superior (Educatec).
El licenciamiento es un procedimiento de verificación del cumplimiento de condiciones básicas de calidad de los institutos y escuelas de sus programas de estudios para la provisión del servicio de educación superior.
Sanciones 
El incumplimiento de este licenciamiento que se renueva cada cinco años, es una causal de multa o del cierre de la institución.

La norma señala que los actuales institutos privados tienen un periodo de dos años para decidir si se constituyen como instituciones privadas o instituciones privadas sin fines de lucro.
Comisión de Educación 

Prioridad. El debate del proyecto será prioritario en la Comisión de Educación sostiene el titular de dicho grupo de trabajo, Daniel Mora.

Pasos. Daniel Mora destaca la mejora en la educación superior, que se inició con la nueva Ley Universitaria.
Pleno. Está pendiente la probación de la creación del Consejo Peruano de Acreditación de la Educación Superior (Copaes).
Fuente: Gestión

sábado, 27 de junio de 2015

A rectores no les preocupan las sanciones de la Sunedu

Disputa. Alejandro Encinas, de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, dice que ellos cumplen la norma y no temen las multas. Asegura que se quedará hasta el 2017.

Una gran disputa se ha desatado desde que la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu) exigió que las universidades públicas cambien sus autoridades y estatutos antes del 31 de diciembre, pues algunos rectores no solo se rehúsan a dejar el cargo, sino que ahora esperarán una opinión del Tribunal Constitucional.
 
Ello es asegurado por Alejandro Encinas Fernández, rector de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, quien señala que han hecho la consulta al máximo ente de interpretación de la ley. 
 
Él afirma que los rectores ya aplican lo que dice la nueva ley y seguirán cumpliendo. "Pero finalizaremos el mandato para el que fuimos elegidos".
 
"En mi caso, mi mandato se inició en el 2012 y tiene que terminar en el 2017. La ley no dice nada de sacar a las autoridades; solo señala que el cronograma de la asamblea estatutaria establece la fecha de elecciones", asegura Encinas.
 
Según la Sunedu, las universidades que aún no se adecúan al mandato de la nueva Ley Universitaria son: San Marcos, la del Callao, San Agustín (Arequipa), San Antonio Abad (Cusco), Ucayali, Jorge Basadre Grohmann (Tacna), San Luis Gonzaga (Ica) y la del Santa (Chimbote).
 
Encinas señala que no se considera un rector rebelde, como lo afirma la Sunedu, porque –según dice– cumple la ley.
 
Y no teme la advertencia de la Sunedu de sancionar con multas, suspensión o cancelación de la autorización a las universidades que hasta el 31 de diciembre no se adecúen a la nueva ley.
 
"Nosotros, como universidad, decimos que las sanciones no nos preocupan mientras estemos cumpliendo la norma. Las sanciones fuera de la norma son efectos de un Estado dictatorial, de modo que lo que haga la Sunedu con los que cumplimos la ley no nos preocupa. Puede hacer lo que quiera, no nos importa, porque sabemos que es arbitrario e ilegal", asegura el rector de la Universidad San Luis Gonzaga.
 
Otros rectores se amparan en que la ley no es muy clara. Veremos qué sucede cuando se publiquen las sanciones.  
 
Nombramientos y ascensos de maestros universitarios en espera
 
-Si las universidades no cambian los estatutos ni llaman a nuevas elecciones, los nombramientos y ascensos de los profesores universitarios se quedarán congelados. 
 
-A pesar de ello, Alejandro Encinas minimizó la situación de los maestros y la disputa entre los rectores y la Sunedu. Según él, la polémica se centra en la autonomía universitaria que los rectores defienden.
 
-Mientras tanto, los docentes de la Universidad Mayor de San Marcos siguen exigiendo adecuarse a la Ley Universitaria.
 
-"Es lamentable que San Marcos se encuentre en esta situación de inestabilidad política, académica y administrativa por causa de sus autoridades", señalan.
 
Fuente:La Republica

viernes, 26 de junio de 2015

Contraloría auditará a 31 universidades públicas por nueva ley

El cuestionamiento a la ley –que promueve la investigación, certificación docente y competitividad de los egresados– es liderado por Pedro Cotillo, rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. (Foto: Archivo El Comercio)
  • Pamela Sandoval Del Águila
  • Redactora

La Contraloría General de la República programará auditorías a 31 universidades nacionales debido a la lentitud con la que algunas de estas casas de estudios se adecúan a la nueva ley que las rige desde el 2014.
Fuentes de esta dependencia precisaron a El Comercio que la investigación se realizará en las próximas semanas, pues, de acuerdo con la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), el plazo para la adecuación vence el próximo 31 de diciembre.
Este proceso comprende la redacción de un nuevo estatuto universitario y la elección de autoridades académicas para reemplazar a las actuales. 
Lorena Masías, titular del Sunedu, advirtió sobre “debilidades e irregularidades” en estos trámites, debido a la interpretación que un grupo de autoridades universitarias hace de los plazos previstos en la ley. 
“Con la Oficina Nacional de Procesos Electorales y la contraloría se revisarán todos los procesos”, dijo Masías, quien aseveró que, pese a las dificultades, la adecuación va a un 68% en el caso de las universidades públicas y 80% en el de las privadas. 
Como ocurrió antes de su promulgación, el 9 de julio del año pasado, el cuestionamiento a la ley–que promueve la investigación, certificación docente y competitividad de los egresados– es liderado por Pedro Cotillo, rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y presidente de la Asociación de Universidades del Perú. La entidad afilia a 65 universidades, entre ellas las 31 en la mira de la contraloría.
fuente: El Comercio

miércoles, 24 de junio de 2015

¿En qué está el movimiento estudiantil en los países de la Copa América?

Una de las constantes de Latinoamérica ha sido el activismo político de sus estudiantes, ya sea luchando por una reforma a la educación pública o junto a otros actores para fortalecer la democracia. Entre sus demandas comunes están la educación como un derecho social, el cogobierno universitario y la lucha contra el lucro, lo que no impide que existan matices e incluso fuertes diferencias entre cada uno de los países que disputan la Copa América.
En 1918, dos años después del nacimiento de la Copa América, los estudiantes de la Universidad de Córdoba en Argentina enarbolaron principios como la autonomía y la extensión universitaria, el cogobierno y reconocimiento de los centros de estudiantes en una movilización que marcó el nacimiento del movimiento estudiantil moderno en el continente. Hoy, las luchas continúan, aunque por motivos más diversos. Por eso, mientras doce países de la región disputan este torneo internacional en los estadios de Chile, quisimos explorar las diferencias y similitudes de las movilizaciones estudiantiles que se han desarrollado en estas naciones.
Durante la década de los 60, los estudiantes universitarios protagonizaron numerosas movilizaciones en América Latina. Si en 1966 fueron los jóvenes de Ecuador, Colombia y Brasil, al año siguiente fueron los alumnos de Chile y Venezuela quienes decidieron tomar las calles para impulsar sus exigencias por una reforma universitaria. El momento más intenso llegaría en 1968, cuando al menos 34 personas murieron en la matanza de Tlatelolco mientras progatonizaban grandes protestas en contra de la represión en México. Dos décadas después los estudiantes de la educación superior volverían a manifestarse de manera masiva, en el contexto de la lucha por la recuperación de la democracia en una región asolada por las dictaduras militares.
El año 2011 marcaría el regreso de las movilizaciones a escala continental. En momentos en que la Copa América se jugaba en Argentina, los estudiantes vivían su propio certamen manifestándose en las principales avenidas de Chile para reclamar educación pública, gratuita y de calidad. Al mismo tiempo, en Colombia sus pares lograron detener una reforma a la educación superior presentada por el gobierno del Presidente Manuel Santos que permitiría la creación de instituciones con ánimo de lucro.
Lo transversal de la demanda quedó demostrado el 24 de noviembre del 2011, cuando en 14 países de la región incluidos México y Brasil, secundarios y universitarios se manifestaron simultáneamente en contra de las políticas privatizadoras y en defensa de una educación pública, digna y de excelencia para América Latina.
El académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, Claudio Duarte, explica que la participación política de los jóvenes universitarios se debe a que “se hace una construcción imaginaria de que quienes estudian y alcanzan credenciales académicas importantes van a tener éxito en la vida”. Sin embargo, Duarte asegura que al momento de entrar a estudiar los jóvenes se encuentran con una educación que es entendida como un objeto de mercado y no como un derecho, lo que genera como respuesta “la activación de los universitarios y su movilización en el marco de un ideal de exigencia de mayor igualdad y justicia social”.
Este proceso no es particular a Chile sino que es una preocupación de los jóvenes en toda la región respecto a la educación pública, independiente de los matices que haya en cada país, indica Duarte. Según el académico, los estudiante "en Chile y otros países con políticas más neoliberales buscan que la educación sea un derecho y no un objeto de consumo, y en países con gobiernos progresistas buscan cautelar sus derechos".
Esta opinión coincide con la de Vicente Valle, secretario de Comunicaciones de la Federación de Estudiantes de la U. de Chile (FECh), quien afirma que a nivel continental “existen elementos estructurales que son comunes. La estructura laboral es precaria debido a que existe un sistema económico excluyente y los estudiantes somos un agente dinamizador de los procesos sociales”. 
El dirigente chileno destaca que en ese contexto, la propuesta de los estudiantes de articular un Sistema Nacional de Educación Pública (SNEP) expresa “la maduración de un movimiento estudiantil que trasciende la mera demanda y piensa y propone un modelo de educación para el país”, planteando un modelo que pasa “de atender a los requerimientos del mercado, a uno que atiende las necesidades del conjunto de la sociedad”.
A juicio de Óscar Aguilera, académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, un eje central de las movilizaciones estudiantiles en América Latina reside en la demanda levantada por el movimiento estudiantil desde 1918 "una educación al servicio de las mayorías y, durante las últimas décadas, la educación como derecho social. Esa es la constante de las movilizaciones estudiantiles" a nivel continental, asegura.
A pesar de estas similitudes, en cada país hay factores que marcan diferencias con sus pares. Así lo explica Sigrid Bazán, quien fuera presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica del Perú y encabezara en 2012 una movilización que perseguía “una educación inclusiva, que respetara la diversidad de los estudiantes y que prohibiera el lucro”, el que aún está permitido por la Constitución, explica.
“En la historia peruana hay muchos factores que han afectado al movimiento estudiantil. La época del conflicto armado interno y del terrorismo caló mucho en el imaginario público, por lo que se estigmatiza mucho a la izquierda, a los sectores progresistas y a los defensores de los derechos humanos”, asegura Bazán. Además, recuerda que el grupo Sendero Luminoso nació en las universidades de Perú “por lo que se estigmatiza mucho al estudiante de izquierda”.

Los pingüinos en Latinoamérica

Pero los universitarios no son los únicos jugadores en el movimiento estudiantil. Si el 2006 fueron más de 100 mil jóvenes de secundaria los que paralizaron sus clases en Chile, actualmente Argentina vive un proceso en alza donde ya hay varios colegios que se encuentran tomados y 7 mil alumnos que se mantienen en paralización de actividades, en una lucha que demanda la reparación de edificios, más fondos y la detención de un cambio curricular que recorta contenidos y que degradaría el nivel de la educación.
Así lo explica Juan Francisco Mazzoni, quien pertenece al grupo “La Simón Bolívar”, una de las que encabeza la actual manifestación. “Esta movilización es un eslabón más de un largo proceso de lucha que lleva más de cinco años en la Ciudad de Buenos Aires. Antes de llegar a esto durante meses realizamos marchas, juntamos firmas y tomamos otras acciones, pero no nos han dado respuestas a nuestras demandas”, explica.
Si bien reconoce que en Chile y Argentina se viven procesos distintos en la educación, destaca que “el norte del movimiento estudiantil en ambos países es similar: concebimos la educación al servicio de las mayorías, como una herramienta para nuestro pueblo y no como un negocio para pocos”.

Venezuela: en la otra vereda

Tradicionalmente las movilizaciones estudiantiles se han interpretado como parte del hábitat natural de la izquierda. Sin embargo, el movimiento estudiantil de Venezuela aparece como un caso disonante, ya que los estudiantes han protagonizado sonadas movilizaciones opositoras al gobierno encabezado por Nicolás Maduro.
María Luisa Liscano es analista política venezolana. Ella enfatiza que los estudiantes de su país levantan reivindicaciones sociales y no políticas, pese a que cuenta con simpatizantes de partidos políticos como el COPEI –demócrata cristiano- y de organizaciones de izquierda como los antiguos guerrilleros de Bandera Roja.
“Lo que los estudiantes demandan es que el Estado tome medidas frente a la inseguridad, a la escasez, que fortalezca el aparato productivo y que los profesionales tengan campo laboral para poder trabajar. La demanda de la juventud venezolana es más que nada social”, asegura Liscano. Además, la analista política destaca que la juventud latinoamericana “se empoderó y a nivel continental han querido hacer valer sus derechos, luchan por países más desarrollados y donde exista una mejor calidad de vida”.
De todas maneras, el académico Óscar Aguilera asegura que es necesario entender el contexto de Venezuela para comprender la particularidad de su movimiento estudiantil. “Al calor del proceso abierto por Hugo Chavez se genera un escenario de polarización política que nos muestra un movimiento estudiantil opositor al gobierno, pero que al mismo tiempo invisibiliza a otro sector estudiantil que sí participa del proceso” lo que se traduce incluso en la participación de dirigentes “como cuadros en el gobierno y en el Estado”.
Una situación similar se da en Ecuador, en donde los estudiantes universitarios han participado en manifestaciones contra el gobierno del Presidente Rafael Correa por el alza en los aranceles, y en Brasil, donde los jóvenes participaron en las movilizaciones masivas del año 2013 en contra del gobierno del Partido de los Trabajadores, debido al alto precio del transporte público y al gasto estatal en el Mundial de Fútbol.
Tras 97 años del llamado “Grito de Córdoba” y cuando se juega la 44ª Copa América de la historia, los estudiantes de América Latina continúan levantando las mismas banderas de aquella primera reforma universitaria, sin divisar todavía un triunfo en sus demandas. Sin embargo, eso no parece desanimarlos para continuar jugando el campeonato por la educación pública en la región. 
Fuente: http://www.uchile.cl/
Texto: Felipe Ramírez
Fotografías: Felipe Poga
Dircom-UChile



Martha Chávez saluda reposición de la comisión reorganizadora de la UNAMBA



Algunos rectores rebeldes se niegan a recortar su mandato

CONTROVERSIA. Pedro Cotillo, de San Marcos, dice que la Superintendencia de Educación Superior pretende intervenir universidades públicas. Otros buscan solucionar sus problemas para adecuarse a la nueva norma. Sunedu alista sanciones.

La adecuación de estatutos y la elección de nuevos rectores en las 31 universidades públicas del país están generando resistencias y rechazos en algunas autoridades que defienden la vigencia de sus mandatos. 
Consideran que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) quiere intervenir las universidades.
 
Uno de los que piensan así es Pedro Cotillo Zegarra, rector de la Universidad San Marcos, quien cree que la medida vulnera la Constitución del Perú.
 
"La Constitución, en su artículo 18, consagra la autonomía universitaria. La Sunedu ofende a esta cuatricentenaria casa y al sistema universitario del país al señalar que la no elección de nuevas autoridades afecta la calidad de la educación universitaria", afirma.
 
El rector de San Marcos insiste en que es una arbitrariedad pretender poner un plazo al mandato de las autoridades vigentes en cada universidad, aun cuando la nueva Ley Universitaria estipula que los cambios de autoridades deben darse antes del fin de sus periodos.
 
El rector de San Marcos recuerda que el 31 de mayo del 2016 finalizará su mandato y que en esa fecha convocará a elecciones.
 
Pero según la Sunedu, el plazo para que las universidades públicas adecúen sus estatutos y elijan a sus nuevos rectores vence el jueves 31 de diciembre del 2015.
 
Pasarse de esa fecha equivale a una falta grave que sería sancionada severamente.
 
Pero no solo es Cotillo. Los rectores que no están de acuerdo con las nuevas medidas de la Sunedu se están reuniendo  para intentar defender lo que consideran su derecho.
 
Hace tres meses, tras la eliminación de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), formaron la Asociación de Universidades del Perú (ASUP) para defenderse legalmente. Quien lidera este grupo es justamente Pedro Cotillo.
Ahora bien, Cotillo Zegarra no tiene todo el apoyo de la universidad. Ayer, a través de un comunicado, docentes de San Marcos le exigieron adecuarse a la Ley Universitaria, señalando que "es lamentable que San Marcos se encuentre en esta situación de inestabilidad política, académica y administrativa por causa de sus actuales autoridades".
 

En provincias

En tanto, la rectora de la Universidad Nacional del Santa (UNS), América Odar Rosario, negó ayer que su casa superior de estudios se haya mostrado rebelde al no adecuarse a la nueva Ley Universitaria.
 
“La norma señala que mientras exista un proceso judicial no podemos intervenir y eso es lo que ocurre, tengo una acción de amparo a mi favor porque efectuaron el año pasado elecciones con muchas irregularidades y este caso no se ha resuelto, entonces cómo la Sunedu nos categoriza cómo rebelde”, señaló.
 
Por su parte, el presidente de la Asamblea Estatutaria de la Universidad Nacional de San Agustín (Unsa) de Arequipa, Edmundo Cáceres Cuadros, negó que no se acate lo dispuesto en la nueva norma. Dijo  no entender por qué se les tilda de rebeldes cuando han iniciado el proceso de adecuación.
 
"Tenemos hasta el 31 de diciembre para que todo esté adecuado, que haya un estatuto, que haya elección de nuevas autoridades y se inicie el trabajo de acuerdo a lo que se aprobó, todo ello se cumplirá en el plazo que se dio", dijo.
 
Otra opinión recogida fue la de Alejandro Encinas, rector de Universidad San Luis Gonzaga de Ica, quien afirma que es una intromisión de la Sunedu el establecer plazos electorales que ya están regulados. Asegura además que los comités electorales de las universidades son autónomos.
 
Finalmente, el presidente de la Asamblea Estatutaria de la Universidad Jorge Basadre (UNJBG) de Tacna, Cristóbal Laura Vargas, saludó la decisión de la Sunedu de establecer un plazo (31 de diciembre) para que las autoridades universitarias adecúen la nueva ley universitaria a su contexto local.
 

Sanciones contemplan multas y la cancelación de la licencia

Las universidades que no se adecúen a la nueva norma serán sancionadas con multas, suspensión o cancelación de la licencia de funcionamiento.
 
La Ley Universitaria contempla infracciones leves (multa), graves (multa y/o suspensión de la licencia de funcionamiento) y muy graves (multa y/o cancelación de la licencia de funcionamiento).
 
Durante esta semana el consejo directivo de la Sunedu viene reuniéndose para discutir el Reglamento de Infracciones y Sanciones. También los estándares básicos de calidad del servicio de educación universitaria, tanto pública como privada.
 
Luego de dejar lista esa norma, será elevada al Ministerio de Educación para la expedición del decreto supremo correspondiente.

Fuente: La Republica

martes, 23 de junio de 2015

Sunedu: “Fiscalizaremos uso de beneficios tributarios de universidades privadas”

La Sunedu prepara cuatro reglamentos que estarán listos entre julio y agosto. Se incluye las infracciones y sanciones que se aplicarán a universidades que incumplan normas.
Javier Prialé
La nueva Ley Universitaria está próxima a cumplir un año de haberse publicado. En este tiempo de vigencia se logró que laSuperintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu) inicie sus funciones y se complete su consejo directivo que está cerca de publicar un paquete de reglamentos que busca mejorar la calidad de la educación superior. La jefa de esta entidad, Lorena Masías, conversó con Gestion.pe y dio detalles de lo que viene.
¿Qué es lo que se ha avanzado desde que asumió el mando de Sunedu?
El consejo directivo de Sunedu está elaborando un reglamento que establezca las condiciones básicas de calidad, para avanzar en el proceso de evaluación de universidades sobre todo las que tienen permisos provisionales. Está programada una primera parte en julio y la segunda parte que es el procedimiento saldrá en agosto.

¿A qué se refiere con condiciones básicas de calidad? 
Aspectos como tener recursos financieros para el manejo de la calidad, contar con infraestructura adecuada para las carreras que se ofrecen en cuanto a aulas, laboratorios, bibliotecas, soporte de información, además de tener políticas para evaluar docentes, entre otros.

¿Sancionarán universidades que no cumplan con los estándares mínimos?
En el corto plazo estamos trabajando un reglamento de infracciones y sanciones. El consejo directivo de Sunedu está haciendo una propuesta que está muy enfocada en temas de cumplimiento de la ley.

¿Se fiscalizará la infraestructura de las universidades?
Estamos elaborando un reglamento que contenga criterios para evaluar aspectos muy básicos de infraestructura, por ejemplo, tener licencia municipal u otros como el espacio en las aulas. Con estos criterios vamos a ir a las universidades y efectuar recomendaciones de mejora.

¿Cerrarán universidades con infraestructura inadecuada?
Si no se adecúan la Sunedu va a establecer las sanciones que correspondan que van desde una multa, suspensión de concurso de admisión, hasta el cierre que será la sanción mayor.

Mencionó calidad, infraestructura y sanciones ¿Son todos los temas su agenda?
Supervisaremos el uso sea el adecuado de los beneficios tributarios de las universidades privadas. Las que tienen fines de lucro tienen crédito tributario que tienen que ser utilizados para fines educativos. Igual las sin fines de lucro que tienen inafectación tributaria, no pagan impuesto a la renta bajo el supuesto que los recursos se utilizan con fines educativos que es inversión en infraestructura, formación docente, líneas de investigación entre otros.

¿Cuándo comienza esta supervisión? 
El reglamento lo estamos programando para julio o agosto de este año también, va en paralelo con calidad e infraestructura.

¿Qué pasa si una universidad hace mal uso de estos recursos? 
Si es una universidad sin fin de lucro, la consecuencia va desde una sanción monetaria hasta perderla inafectación tributaria y si es con fin de lucro, pierde el crédito tributario. Es parte de los efectos que se van a graduar en el reglamento de infracciones y sanciones.

Universidades públicas son las que más se resisten a la ley
Las universidades públicas son las que más resistencia ponen para adecuarse a la nueva Ley Universitaria. Aún queda un 30% de instituciones que aún no cambian sus estatutos ni eligen a sus autoridades a diferencia de las privadas donde falta el 20%, pese a que la ley les dio solo 90 días para hacerlo.

Hay 31 universidades públicas con autorización definitiva y son las que tienen que adecuar su gobierno. Solo seis han cumplido con todas las disposiciones, otras 10 en los siguientes cinco elegirá rectores y vicerrectores.
Cinco Universidades tienen estatutos, pero su cronograma de elecciones está entre el 2016 y el 2018, mientras nueve recién están en la elaboración de estatutos. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos es la única que no cumple con nada de lo dispuesto en la ley.
La Sunedu fijó el 31 de diciembre como plazo máximo para que las universidades públicas se adecuen a la Ley Universitaria.
Fuente: Sunedu

Sunedu: Universidades públicas tienen hasta el 31 de diciembre para elegir autoridades Lunes, 22 de junio del 2015

El consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria(Sunedu), dio como plazo máximo hasta el 31 de diciembre de este año para que las universidades públicas puedan elegir nuevas autoridades y aprueben sus estatutos.
“La Sunedu exige a las universidades públicas autorizadas cumplir con la adecuación de gobierno de conformidad con la Ley Universitaria, a fin de evitar afectar su funcionamiento institucional y permitir a los jóvenes peruanos acceder a una educación universitaria de calidad”, expresó la entidad.
Este plazo se pone como consecuencia de que a casi un año de haber haberse publicado la Ley Universitaria, el cumplimiento de la misma por parte de las universidades públicas avanza a paso lento.
Es así que de un total de 31 universidades públicas autorizadas, solo seis han aprobado nuevos estatutos y elegido nuevos rectores y vicerrectores, quedando pendiente la elección de sus nuevos decanos.
Si bien las 25 universidades públicas restantes han iniciado el proceso de aprobación de nuevos estatutos y elección de nuevas autoridades, los avances realizados resultan insatisfactorios a casi un año de la vigencia de la Ley Universitaria.
Por otro lado, el consejo directivo de Sunedu recordó que los docentes que alcancen los 70 años no cesan de manera automática al cumplir esta edad y pueden conformar los respectivos comités electorales.
“La aplicación del límite de edad será regulada en el correspondiente estatuto”, explicó al tiempo que recordó que la aplicación de las directivas de esta entidad son obligatorias para todas las universidades.
Fuente: Gestion

lunes, 22 de junio de 2015

Vinculan a universidad con revista de la Red Orellana


Vicente Zeballos, presidente de la comisión del Congreso que investiga el caso de Rodolfo Orellana, informó que la Universidad San Juan Bautista (que tiene como presidente fundador al fujimorista José Luis Elías Ávalos) podría pasar a calidad de investigada por este grupo de trabajo.
“La universidad no estaba comprometida [en la investigación], pero han aparecido tres hechos que nos han llevado a darle una atención particular”.
A estos elementos se suma el testimonio de Rodolfo Reyna, ex asesor congresal sindicado como parte de la red deRodolfo Orellana. Él declaró ante la comisión que la revista “Vox Populi” tenía como socio a Carlos Diez Canseco, quien también es socio de Elías Ávalos en la universidad.
Reyna, en otro pasaje del interrogatorio en la Comisión Orellana, compromete aún más a dicha universidad: “Si ven el financiamiento inicial de la revista, aparece la Universidad San Juan Bautista”.
En el primer número de “Vox Populi”, publicado en julio del 2012, figura Carlos Diez Canseco como miembro del comité editorial.
Este Diario constató que Diez Canseco y Elías figuran como socios en la ficha de inscripción de “Asociación Universidad Privada San Juan Bautista” en Registros Públicos. El primero fue designado en el 2003 como presidente del primer consejo directivo, mientras Elías lo fue como director ejecutivo.
En la actualidad, Diez Canseco aparece en la página web de la universidad como gerente de Marketing. En otros documentos, firma como vicepresidente de la institución.
Fuente: El Comercio

viernes, 19 de junio de 2015

Lima: Expo Universidad se realizará del 24 al 27 de junio

Al año egresan de los colegios más de 300 mil estudiantes, de los cuales el 70% no sabe qué estudiar. Ante esto y para orientar a los chicos, el ‘Grupo educación al futuro’ organiza la décima cuarta edición de Expo Universidad, del 24 al 27 de junio, en el Jockey Plaza.
En la feria vocacional se contará con la participación de 130 instituciones educativas que darán asesoría.
‘Expo Universidad’ es la Feria de la Oferta Educativa y Orientación Vocacional más importante del país, que se desarrolla desde el año 2001 ininterrumpidamente. En todos estos años ha crecido en tamaño, número de visitantes, cobertura y actividades, habiendo ayudado a miles de jóvenes a decidir sobre su futuro profesional.
Para este evento anual, las principales instituciones de educación superior de nuestro medio –universidades, institutos y escuelas superiores, centros de idiomas– trasladan su oficina de admisión al recinto ferial para orientar, resolver dudas, responder inquietudes.
Además, Expo Universidad ofrece información sobre programas de becas de estudios, tales como Beca 18, de Pronabec, o las ofrecidas por el Gobierno Regional del Callao o la Municipalidad de Lima. Asimismo, obtendrán información de créditos educativos, estudios en el extranjero e intercambio estudiantil.
Fuente: Trome

Colombia abre la primera "universidad de minas antipersona" del mundo

En las afueras de Bogotá se prepara para abrir sus puertas un pionero complejo que aúna investigación y entrenamiento para formar a los militares y civiles que limpiarán el suelo de Colombia de minas antipersona, un proyecto definido por sus responsables como una suerte de "universidad".

Son 18 hectáreas ubicadas en la fábrica de explosivos Antonio Ricaurte, en la localidad de Sibaté, donde se ultiman los detalles del bautizado oficialmente como "campo de pruebas técnicas y científicas para el desminado humanitario", una tarea que se ha priorizado en el país tras el acuerdo alcanzado con las FARC para eliminar estos artefactos.

De hecho, esta iniciativa es fruto de ese empujón, que intentará cumplir la ambiciosa meta impuesta por el Gobierno de librar al país de todo artefacto explosivo para 2025.

Para avanzar en ese objetivo se formó el Comité Científico y Técnico para el desminado humanitario, que alumbra este innovador complejo con la idea de que se convierta en banco de proyectos científicos y centro de experimentos.

El Comité está compuesto por representantes de cuatro universidades colombianas (Nacional, Javeriana, Los Andes y Militar Nueva Granada), Parques Nacionales Naturales de Colombia y la Industria Militar del país (Indumil), que se reunirán al menos una vez a la semana para analizar nuevas formas de acabar con las minas.

No se sabe cuántos de estos artefactos se encuentran sembrados en Colombia, donde según estimaciones del Gobierno están afectados 688 municipios, pero lo que sí se sabe es que por su detonación han resultados muertas o heridas 11.139 personas en los últimos 25 años.

Precisamente uno de esos supervivientes codirige el revolucionario proyecto. Es el capitán Óscar Buitrago Rueda, gerente de desminado humanitario para la industria militar de Colombia, que tiene muy presente su amarga experiencia a la hora de apuntar los objetivos del nuevo centro.

"El punto fuerte es desarrollar técnicas orientadas a desminar sin afectar a la comunidad y desarrollar productos científicos de las universidades de todo aquel colombiano que desee elaborar y desarrollar su propio producto para desminar el país", dijo a Efe.

Actualmente, para eliminar las minas hay que detonarlas "in situ", una tarea que puede ocasionar un ruido de hasta 280 decibelios que generan inquietud en comunidades rurales temerosas tras padecer hostigamientos y combates entre militares y guerrilleros demasiado cerca de sus casas.

Entre las alternativas que se estudian en este centro destacan el propelente, un químico que genera altas temperaturas y destruye la mina sin detonarla, casi derritiéndola, y el uso de microorganismos que se alimentan del material del que están hechos los artefactos.

Así lo explica el jefe del grupo de ingeniería de la fábrica de explosivos, Carlos Enrique Sarmiento, que comenta que en ambos casos se tiene "un avance significativo" que permite esperar que al menos el propelente esté desarrollado para final de año.

Sacarlo adelante será tarea del área de laboratorio electrónico, uno de los apartados del enorme complejo que incluye un centro de estudio de suelos al que se traerán diferentes terrenos de Colombia en los que se hayan encontrado minas antipersona, algo esencial si se tiene en cuenta que la orografía es el primer obstáculo para encontrarlas.

Por este motivo la capacitación incluye una importante "recreación" (ocupa casi el 99 % total de las instalaciones) de los terrenos selváticos donde los grupos armados siembran los explosivos, un laberinto de matorrales y complejos desniveles en los que los aprendices deberán buscar indicios de minas antipersona.

Otra parte del complejo está dedicada al entrenamiento de animales para rastrear los explosivos, en los que no se descarta la presencia de roedores para afrontar los nuevos retos de un arma que no ha dejado de evolucionar.

"Inicialmente se encontraban artefactos explosivos o minas con contenido metálico, pero han ido evolucionando y se han encontrado artefactos de plástico que hacen más difícil la detección", resume el subteniente del Ejército Carlos Alberto Niño, que dirige el laboratorio de química en el Centro Nacional contra Artefactos Explosivos y Minas.

Niño visita el complejo con curiosidad por las oportunidades que puede ofrecer para actualizar herramientas que permitan hallar los explosivos, su principal dolor de cabeza.

El campo de pruebas estará completamente abierto a finales de año para todo aquel que desee compartir lo que sabe y aprender porque, como indica el capitán Buitrago, "se puede decir que esta es la universidad de minas antipersona".
EFE

miércoles, 17 de junio de 2015

Chile: "No puede ser que el Estado le dé más plata a una universidad privada que a una universidad pública"

Tras los primeros anuncios concretos en materias de financiamiento y gratuidad a la educación superior, las reacciones de los distintos sectores que disputan el modelo se han hecho escuchar. Para el rector de la Universidad de Chile y presidente del Consorcio de Universidades Estatales de Chile (CUECH) la premisa es clara: la discusión no pasa sólo por el modelo de financiamiento sino que también por el protagonismo que asuma lo público en el sistema.
¿Cree que los anuncios del 21 de mayo sobre financiamiento y gratuidad apuntan a transformar el sistema educacional imperante?
-El tema actual no pasa por una crisis de financiamiento del sistema, sino una concepción de cómo financiarlo, que es profundamente equivocada. Lo primordial es volver a encontrarnos con una idea de sistema universitario chileno que tenga propósitos en cuanto a formación de profesionales, investigación y vinculación con la sociedad. Para eso debemos repensar el sistema y también el rol de las estatales y de la Universidad de Chile.
En ese sentido, ¿cree usted que el Mineduc ha tenido voluntad con las demandas de las estatales?
-El problema de fondo no pasa por estar o no de acuerdo con un ministerio, con un ministro o con un gobierno, sino por la necesidad de volver a un espíritu en la política de grandes causas, más que de intereses personales o privados. Yo creo que se la ha hecho un gran daño a la política con este espíritu individualista. Ya nadie quiere apoyar una causa justa, sino que cada cual está dando su propio interés y su propia voluntad de sacar alguna tajada de cualquier torta. Para mí es tremendamente importante que, por ejemplo, los rectores de las universidades estatales nos pronunciemos a favor de la educación pública. Eso no significa apoyar algo exclusivo de nuestra universidad, mucho menos con el presupuesto de ésta, sino que hay valores y principios que defendemos en común.
¿No cree que puedan catalogarlo de oficialista por este discurso? Digo, ese esfuerzo de defender lo común por sobre lo secular.
-Jamás. Es ridículo pensar que la Universidad de Chile, representada por su rector, va a ser oficialista u opositora a algún gobierno. La Universidad de Chile es del Estado y el Estado está por encima de un gobierno de turno o de una coalición política. Ahora, precisamente por ser parte del Estado, la Universidad de Chile siempre va a estar favoreciendo lo público, favoreciendo la equidad, favoreciendo lo estatal. Y va a estar siempre eso por doctrina, porque son los grandes valores que la Universidad suscribe. Si eso en algún momento lo representa mejor un gobierno es otro cuento.
Y en cuanto a esa doctrina, ¿cree que esta reforma ha manifestado un claro apoyo a lo estatal?
-Sí, pero no se trata de aparecer marcando una diferencia como que fuera una actitud entreguista o sumisa, o como quieran llamarlo. Nosotros ya hemos planteado aprehensiones, que es distinto. Una cosa que sería muy nefasta sería que el Estado decidiera que va a seguir financiando en forma proporcional a lo que hoy día está cobrando. Evidentemente sería un premio para quienes han estado cobrando más y un castigo para quienes han hecho un esfuerzo para cobrar menos, como las estatales. Nadie entendería que se le diera más dinero por estudiante a la Universidad Católica de Chile que a la Universidad de Chile o a la Universidad de Talca, ¿me entiendes? No puede ser que el Estado le dé más plata a una privada que a una universidad pública.

Lo estatal primero

La recientemente publicada encuesta “Barómetro de la Educación”, del Centro de Estudios Mori, arrojó que para los estudiantes de 3° y 4° medio consultados de Arica a Punta Arenas, la Universidad de Chile es la mejor del país. Al mismo tiempo, los estudiantes marcaron una clara preferencia por los planteles estatales por sobre los privados (44 por ciento sobre el 7 que prefiere a las privadas).
¿Cómo hacer que las universidades estatales puedan acoger a más de los alumnos que están interesados en ellas?
-Evidentemente hay un gran riesgo de que, amparada en esta gratuidad, una universidad diga: ‘fantástico, ofrece más matriculas, total me van a dar la plata igual y además me van a dar más plata’. Entonces está, desde luego, una lógica que dice que lo que correspondería es congelar las matrículas. Y eso sería nefasto, porque claramente la encuesta Mori demuestra que la gente quiere la universidad estatal y en particular la Universidad de Chile.
Y en ese sentido, el sistema debiera aumentar las plazas de las universidades estatales y no de las privadas.
-Por supuesto que sí.
¿El Estado debe fomentar que eso ocurra?
-Absolutamente. Esa es la responsabilidad del Estado, fortalecer a sus universidades. Van a tener que entender la diferencia entre lo estatal y lo privado. Tradicionalmente el Estado también apoyó a otras universidades, pero hay que acordarse de que no fuimos nosotros ni fue una política de Estado la que produjo todos los cambios que ocurrieron el ‘81, que crearon el sistema actual que se está cambiando.
¿La reforma debe terminar con eso?
-Por supuesto. Eso es obvio. La reforma tiene que fortalecer y tener un programa. Por eso encuentro peligroso decir “se congelan las matriculas”, porque creo que hay dos temas claves para nosotros: uno, la universidad estatal es un sello de garantía, sea de La Serena, de Magallanes, Antofagasta, la propia Universidad de Chile, es un sello de garantía. Y lo otro, que evidentemente tiene que ser la forma mayor y principal en la cual estudian los jóvenes en Chile, es obvio, como ocurre en todas las partes del mundo. O sea, tú vas a lo público y a lo estatal por default.
Usted le ha pedido al gobierno que releve la condición de estatal de sus universidades. Hasta el momento no ha existido ningún anuncio que impulse la educación pública estatal por sobre el resto del sistema. ¿A qué se debe eso?
-Yo veo un gobierno defensivo, que trata de hacer las cosas sin que lo aportillen demasiado y sin que le echen a pique sus iniciativas. Creo que sería muy distinta la situación si pudiéramos realmente convocar y tener un sentido de identificación.
¿Qué esperaría que diga el gobierno, desde su posición como presidente del CUECH?
-No me interesa ya lo que no dijeron el 21 de mayo. Lo que yo quiero saber es lo que van a decir ahora, cuando nosotros planteemos un proyecto de desarrollo para las universidades estatales. Necesitamos un proyecto de desarrollo país en el cual estén insertas las universidades estatales.
¿Sólo las estatales?
-Bueno, las universidades en general, pero por sobre todo las estatales. El tema es que debería haber un proyecto de desarrollo del país, porque aquí el país también está a la deriva para cualquier lado, entonces si no hay un proyecto de desarrollo en que se entienda lo que va a ser la innovación, que se entienda lo que van a ser los nuevos polos de desarrollo para el país y se llame a las universidades a que contribuyan a eso, tampoco tiene mucho sentido decir “le vamos a dar más plata a las universidades estatales”.
¿Por qué cree que el Estado debe poner énfasis en sus universidades? ¿Qué condiciones ofrecen las universidades estatales por sobre el resto del sistema?
-Es cuestión de mirar. Son universidades que están vinculadas con la nación en su conjunto, con el Estado. Son pluralistas, acatan las leyes de la república, no tienen sesgos, no discriminan. Son instituciones en las cuales son respetadas y bienvenidas todas las personas que trabajan ahí, que no hay nadie que tenga un poder individual sobre el resto de las personas. Un rector de una estatal no puede echar a alguien porque se le ocurre, por ejemplo. Eso da una garantía en el ámbito de la discusión y su interés real es el interés de la república en su conjunto.

Universidad constituyente

La explosión de los casos Penta, SQM y Caval y la transversalidad de los implicados en ellas ha ocasionado una profunda crisis de confianza en la clase política y en distintas instituciones de nuestro país. La demanda ciudadana por un nuevo orden y mejores formas de fiscalización llevó a la Presidenta a anunciar una nueva Constitución. ¿Quién debe trabajar en ella? Ennio Vivaldi tiene una respuesta clara: la Universidad de Chile tiene una misión clave que cumplir.
-No cabe duda de que el Chile que conocimos hasta el ‘73 es un Chile que en gran parte es obra de la Universidad de Chile. Y a partir del ‘73 claramente eso cambia y eso es un tema que nunca hemos conversado realmente.
Y no es menor que esa Constitución, la que nos rige, haya salido de una universidad privada.
-Por supuesto. Tanto el modelo socioeconómico como el modelo de Constitución salen de otra universidad. Nosotros somos por primera vez separados drásticamente de la conducción del país en el ‘73. No sé si la Universidad Católica como tal, pero claramente hay dos departamentos al interior de ella que tienen un rol clave en lo que es el modelo económico y el sistema jurídico político que se impone en Chile. Ahora, es evidente que al reconstruir la Constitución uno va a reconstruir una idea de nación. El rol que está llamada a jugar la Facultad de Derecho y otras facultades es clave y es fundamental. Por eso es que es tan importante haber logrado recrear una armonía y una muy buena atmósfera en la Facultad de Derecho.
¿Y qué piensa hacer la universidad en este escenario?
-La Universidad de Chile está absolutamente disponible para elaborar una nueva constitución. Es deber nuestro, de esta rectoría, de la Facultad de Derecho; la Universidad en su conjunto está llamada a ser orientadora de los que van a ser los cambios de Chile. Es nuestra absoluta obligación posicionar, guiar, encauzar y dar alternativas a este proceso.

Fuente: http://www.uchile.cl/