La superintendencia sí es constitucional

MANUEL BURGA DÍAZ HISTORIADOR DOCENTE UNIVERSITARIO

HE TENIDO CONOCIMIENTO, gracias a la presidencia de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, del Informe preparado por el jurista César Landa Arroyo, ex presidente del Tribunal Constitucional y actual decano de la Facultad de Derecho de la PUCP, sobre la constitucionalidad de la Superintendencia Nacional de la Educación Universitaria (Suneu) que se crearía si el Congreso Nacional aprueba la nueva ley universitaria en debate.

Es un documento de gran calidad, que retoma información técnica y algunas conclusiones importantes de un fallo del TC de 2008, donde este organismo recomendó –en cumplimiento de la Constitución– una mayor intervención del Estado en la regulación y destino de la educación superior peruana. Algunos elementos importantes de este informe son los siguientes:

 

Primero. La crisis de la educación superior, así se indica, pública y privada, demanda una nueva ley universitaria. Hay muchas evidencias, aunque solo señala algunas, de esa crisis. Entre ellas, el lucro en algunas universidades empresa que han dejado de lado la naturaleza esencial de la universidad, y la corrupción, mediocridad y clientelismo en la universidad pública.

Segundo. Su diagnóstico es rotundo: la crisis se origina porque el Estado, especialmente desde 1983, renunció a su papel constitucional, controlador, regulador y supervisor, de la educación superior en nuestro país. La situación actual en realidad es muy complicada, las leyes no hacen milagros, pero la propuesta en debate pretende cuidar a la educación superior como un derecho fundamental del ciudadano y como un bien público de calidad.

Tercero. Estamos, indica el jurista, ante una dramática disyuntiva: o el Estado, como sucede actualmente, se inhibe, se queda como observador, o interviene en cumplimiento de su rol constitucional. Si no interviene ya conocemos los resultados, y si interviene, creando la Superintendencia, con el nombre que sea, ya sabemos que los ultras defensores de la economía de mercado y la ANR de nuevo promoverá marchas secundadas por la FEP, paradójicamente interesada en que nada cambie.

¿Qué hacer entonces? Lógicamente, un mayor diálogo con la ciudadanía, la sociedad civil, los docentes universitarios y los estudiantes. Creo que ya se escuchó a la ANR, pero de existir propuestas nuevas, deberían ser consideradas y analizadas. No sé como se podría escuchar a todos, pero en todo caso se les podría explicar, como lo hace el jurista Landa, la necesidad de una nueva ley universitaria, sus fundamentos constitucionales, la constitucionalidad de la intervención del Estado, sin menoscabar por supuesto la autonomía universitaria.

 

Fuente: El Peruano

                                Publicado: 12/08/2013