Historiador y ex rector de San Marcos
Artículo publicado en La República el Jue, 22/01/2009
El año 1999, en una suerte de acto simbólico, cuando era presidenta del Congreso Martha Hildebrandt, la Universidad de San Marcos, representada por su rector, en un surrealista acto público, recibió un sol por la venta del local que ahora ocupa el Congreso de la República. Se saneaba así, en términos bastante amigables, una situación ilícita creada por la ocupación de facto del local de la Universidad ordenada por Bernardo Monteagudo el 15 de junio de 1822. Eran los agitados años de la Independencia y todo se puso lógicamente al servicio de la nueva era que se iniciaba. El primer Congreso Constituyente inició sus sesiones en este local, allí aprobó la Constitución de 1823 y nunca más lo desocupó.
Esta noticia, cuando el fujimorismo se sentía eterno, casi pasó inadvertida en la comunidad universitaria sanmarquina. ¿Qué se podía hacer? ¿Reclamar un pago? ¿Acaso San Marcos no había recibido los fundos Concha, Aramburú y Rosario, en 1950, para que construya su anhelado campus universitario? Finalmente una morada propia. Se le asignó un terreno de 59 ha con un enorme estadio dentro, que fue pensado como el estadio de la ciudad de Lima, pero que por razones técnicas se dejó de lado y se entregó a San Marcos como regalo, o presente griego, por su cuarto centenario, el 12 de mayo de 1551.
Sin embargo, ahora que he leído de nuevo un documento del siglo XIX, me animo a transcribirlo porque nos revela el desinterés y trato injusto que siempre ha recibido la Universidad de parte del Estado, desde el inicio mismo de la República y contra los principios enunciados en la Constitución de 1823 y todas las demás. Un desinterés y trato injusto denunciado por los mismos liberales de entonces. Es un documento breve, publicado en el primer número de Anales Universitarios del Perú, del año 1862.
El título lo dice todo, “La Casa de la Universidad es tomada para las sesiones del Congreso”. El contenido principal es el siguiente:“La primera vez que se pronunció por el Delegado Supremo la palabra Universidad fue para despojarla de su casa, sin concederle indemnización alguna, ni asignarle siquiera un canon o pensión conductiva. Este acto pudo ser disculpable en los primeros días de la Independencia, cuando no había otro pensamiento que el de libertar al país de la dominación española; pero haber dejado transcurrir cuarenta años sin pagar alquileres por ella y sin atender los reclamos de la Universidad es una cosa que hace poco honor a la rectitud de nuestros legisladores. Ellos declaraban que la propiedad era inviolable y sagrada, quizá sin advertir que profanaban con su presencia este principio, ocupando casa agena (…) También fue privada de su biblioteca particular y traspasados sus libros a la pública en setiembre de 1822”.
El texto lo escribió José Gregorio Paz Soldán, el rector de la reforma liberal en San Marcos, como parte de sus esfuerzos para transformar a San Marcos en una institución secular, docente, científica y al servicio del país. El delegado supremo era Bernardo Monteagudo, nada querido por los liberales de la Independencia, ni por los que vinieron después. De alguna manera –en este texto– se justifica la ocupación del local de San Marcos durante la Independencia, no así que no se hayan pagado alquileres cuando el Estado lo podía hacer por la riqueza del guano y, más aún, cuando Echenique en 1850 había autorizado pagar todas las deudas contraídas como consecuencia de la Independencia. San Marcos no fue escuchado y más bien su biblioteca pasó a formar parte de la futura Biblioteca Nacional, también por orden de Monteagudo.
En estos mismos anales, en los primeros números, se insiste en el derecho de la Universidad, ya que el local, asignado por el gobierno colonial, había sido mejorado con donaciones privadas de vecinos piadosos, interesados en la educación de sus hijos. Entonces no es que se ocupaba un bien público. Por eso es que las autoridades de San Marcos recién se tranquilizaron en 1866, cuando como consecuencia de la Reforma Liberal, que trasladó las actividades docentes de los colegios superiores a la Universidad, recibieron el viejo local jesuita del Convictorio San Carlos, ahora llamado la Casona de San Marcos.
Este desinterés y trato injusto convirtió a San Marcos en una universidad errante, inquilina de locales a veces muy precarios e insuficientes. Esto constituye, me parece, uno de los grandes misterios de nuestra vida republicana y lo que muy probablemente explica el distanciamiento entre el saber y el poder, la Universidad y el Estado, los intelectuales y la política y entre el conocimiento del país y nuestras políticas públicas en el Perú republicano.
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