Fue aprobado por unanimidad, por la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, que preside el congresista Daniel Mora Zevallos (PP), un informe que señala la presunta responsabilidad penal del rector de la Universidad Particular Inca Garcilaso de la Vega, Luis Cervantes Liñán, quien se habría enriquecido ilícitamente con más de 100 millones de soles, en complicidad con 22 funcionarios que atesoraron ilegalmente por más de 250 millones de soles.
El importante documento, elaborado por ese grupo de trabajo en su calidad de comisión investigadora, recomienda poner a disposición, ante la Fiscalía de la Nación, a todos los implicados en supuestos delitos de fraude, apropiación ilícita, lavado de activos, rehusamiento y actos funcionales, coacción y extorsión.
También acordó, a pedido del congresista Yonhy Lescano Ancieta (AP-FA), solicitar al 29º Juzgado Penal que busque el conducto legal para que los implicados devuelvan al Estado los millones de soles con que se habrían enriquecido y el embargo de sus bienes como forma de retribución al daño causado en perjuicio de más de 25 mil alumnos universitarios.
A solicitud del legislador Vicente Zeballos Salinas (SN) se acordó pedir a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y de Aduanas (SUNAT) que actúe de inmediato para determinar la evasión y la mala utilización del dinero de los impuestos de los que se les exoneró.
COMISIÓN INTERVENTORA
El representante moqueguano también logró que se apruebe la propuesta de que el Congreso de la República forme una comisión interventora para resolver, en forma global, la problemática de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.
Igualmente se aprobó, en sesión extraordinaria de ese grupo de trabajo, solicitar un informe al Ministerio del Interior en torno al coronel PNP Leoncio Segundo Mejía Montenegro, jefe de seguridad de la universidad, labor que cumplía en horas de trabajo policial y al mando de una empresa de seguridad.
Precisan saber hasta qué punto ese oficial estaría involucrado en el homicidio de una empleada del rectorado. Además requieren un informe completo sobre los horarios de trabajo de la oficialidad y personal subalterno. Este oficial habría cometido los supuestos delitos de extorsión y coacción, además de enriquecimiento ilícito para delinquir.
Zeballos también planteó que la flamante Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, como primera función principal y prueba de fuego, debería intervenir la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Lo planteado también fue aprobado.
La Comisión de Educación asumió la facultad de investigadora para investigar los exorbitantes sueldos que estarían percibiendo las principales autoridades y titulares de cargos directivos y de confianza en la citada universidad.
Asimismo, para analizar la situación económica y financiera de ese centro de estudios, así como certificar si la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) ha realizado auditorias destinadas a velar por el recto uso de los recursos de las universidades, sean estas públicas o privadas.
El informe sancionado, que consta de 160 páginas, fue elevado al Pleno del Congreso y remitido al Ministerio Público, Poder Judicial, SUNAT, Ministerio del Interior y Ministerio de Educación para los fines consiguientes. (jon)
PRENSA-CONGRESO
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