El expresidente del Tribunal Constitucional César Landa señaló hoy que la Nueva Ley Universitaria no es contraria a la Constitución, posición que ha sido señalada también por el Tribunal Constitucional en dos sentencias anteriores.
“Es conforme con la Constitución de acuerdo con lo que ha señalado ya el Tribunal Constitucional en dos sentencias. No podría decir que hay artículos contrarios a la Constitución”, declaró a la Agencia Andina.
Además, señaló que la Nueva Ley Universitaria, aprobada por mayoría en el Congreso, “desarrolla mandatos que la Constitución le otorga al Estado para asegurar la calidad educativa”, los mismos que se reflejan en las exigencias que plantea esta norma.
“A través de mecanismos como la acreditación, promover los estudios de investigación, la exigencia de un bachillerato con tesis, tener profesores de calidad con grado de magíster para la docencia o de doctor para ser rector, y evitar las cúpulas en las universidades públicas con la prohibición de la reelección”, explicó.
En la víspera, la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) expresó su oposición a la Nueva Ley Universitaria, por considerar que se vulnera la autonomía de las universidades con la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu), y por ello anunció que presentarán acciones de amparo y demandas de inconstitucionalidad.
“De la autógrafa y de lo que se difundió en los medios, diría, en primer lugar, que la autonomía universitaria está garantizada en la ley”, subrayó Landa.
Asimismo, advirtió que la ANR no tiene un reconocimiento constitucional y, por lo tanto, “no puede plantear” una acción de inconstitucionalidad contra la referida reforma universitaria.
Recordó, del mismo modo, que al ser una institución que ha sido creada por ley, puede “modificarse o desaparecer”.
La Nueva Ley Universitaria establece que tan pronto sea promulgada, la ANR se disolverá para dar paso a la Sunedu, entidad que se encargará de supervisar la calidad educativa en las universidades, así como de expedir las autorizaciones y las clausuras de aquellas que no cumplan con los estándares de calidad.
“Desde el punto de vista sustantivo, diría que la ley materializa el mandato de la Constitución que obliga y dispone que el Estado debe asegurar y vigilar la calidad de la enseñanza, ya que la educación es un servicio público, y además otorga títulos a nombre de la Nación”, dijo Landa.
Refirió que la Sunedu está en línea con lo expresado en una sentencia del Tribunal Constitucional del 2008 y ratificada el año pasado, sobre la necesidad de contar con un organismo que supervise el sistema de educación superior, función que en este caso asumirá la Sunedu.
“Su adscripción al Ministerio de Educación genera unas críticas, pero los organismos públicos no están colgados en el aire, sino que los entes reguladores como Indecopi y Osinergmin se hallan, obviamente, vinculados a una entidad pública”, puntualizó.
Fuente: RCMP
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