Por
Engels Ortiz Samanamud
El
presidente del Colegio de Abogados de Lima, Mario Amoretti, ha manifestado que
iniciarán una acción de inconstitucionalidad de la nueva ley universitaria ante
el Tribunal Constitucional, por considerar a esta ley como violatoria de la
autonomía universitaria.
En
ese sentido, se han expresado el expresidente del CAL, Walter Gutierrez, y el
constitucionalista Enrique Bernales, ello en el marco de una charla magistral
llamada: La Ley Universitaria y su Constitucionalidad, organizada por el CAL el
pasado jueves 19 de Julio.
Sin
embargo, frente a estas posiciones, se tiene al expresidente del Tribunal Constitucional, César Landa, quién
ha indicado que la Nueva Ley Universitaria no es contraria a la Constitución; y
lo cual también ha sido asumido por el Tribunal Constitucional en dos sentencias
pasadas.
Es destacable el rol asumido por el CAL dentro de
su política de pronunciarse sobre las cuestiones jurídicas del país; pero también
hubiera sido loable y ético que se pronunciara sobre la situación de nuestras
universidades desde más de una década, y, sobre todo, en cuanto a la formación
de los profesionales que su institución alberga.
Por ello, habría que recordar que a fines del
2011, Gonzalo García Núñez, estando como presidente del Consejo Nacional de la
Magistratura, denunció la creación de más de 100 universidades que a través de
600 filiales vienen otorgando títulos, maestrías y doctorados sin ninguna
garantía académica, y, por lo tanto, devaluando la formación de los futuros
abogados.
Quizás la preocupación de los directivos del CAL
se cierne sobre esto último y el rol que empiece a cumplir la Superintendencia
Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU), respecto de los títulos y grados
que vienen otorgado las universidades con fines de lucro mediante sus filiales
regadas por todo el país.
De darse una revisión a la formación de pregrado
y posgrado que están realizando tanto las universidades públicas y privadas,
supondría el retiro de títulos por pésima formación a distancia y grados de fin
de semana, ocasionando un riesgo económico considerable para el CAL dado al
aporte económico que percibe de sus centenares de colegiados.
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