Pese a que el texto final de la
propuesta está en su etapa final, la comisión ha sido permeable y flexible a las
sugerencias que posibiliten mejorar la calidad educativa y que las universidades
del país se conviertan en centros de investigación, dijo el congresista. “Lo
importante es que se está dialogando”, resumió al final de la reunión el rector
de la Pontificia Universidad Católica, Marcial Rubio.
Daniel Mora explicó a
los rectores los fines de la propuesta legislativa y las exigencias de la norma,
como que las universidades se conviertan en centros de investigación y que un
30% de los profesores tenga el grado de doctor. “Es un porcentaje casi imposible
porque en el país solo hay 1,700 doctores”, comentó.
El presidente de la
comisión les explicó que no está en desacuerdo con la existencia de
universidades privadas y con la autonomía de cada una de ellas, pero es
necesario poner orden y que cumplan con los fines para los que fueron creadas.
Por ello, dijo, se insistió en la creación de una ‘superintendencia’ (que podría
tener otro nombre, afirmó) que haga cumplir las exigencias.
Puso como ejemplo
que la educación en Francia está bajo la supervisión del ministerio de Educación
y es el que decide los requisitos, exigencias y el que finalmente otorga los
títulos.
Mora Zevallos dijo que las universidades privadas podrían
prescindir de una asamblea general, pero sí tener un consejo directivo
representativo. “Nosotros hemos sido flexibles y pensamos (en la comisión) que
cada universidad es autónoma, pero no pueden desnaturalizar sus funciones y
objetivos”, afirmó.
Señaló, con nombre propio, las universidades privadas del
interior del país que no cuentan con una infraestructura adecuada (algunas
funcionan en el segundo piso de restaurantes) ni con el nivel de profesores que
se exige, y que, incluso, ofrecen títulos a nombre de la Nación luego de tres
años o dos años y medio de enseñanza.
En la reunión con el presidente de la
Comisión de Educación estuvieron los rectores de las universidades Cayetano
Heredia, Fabiola León Velarde; de Lima, Ilse Wisotzki Loli; del Pacífico, Felipe
Portocarrero Suárez; de la Católica del Perú; y el director del Consorcio de
Universidades Privadas, Enrique Vásquez Huamán.
Los rectores explicaron que
la Sunat fiscaliza los recursos económicos de las universidades privadas y
expresaron su acuerdo con que el sistema de acreditación debe ser una exigencia
para cada centro superior y fundamental para supervisar la enseñanza que se
imparte.
Comentaron que “a lo largo de la ley” debe haber una clara
diferenciación entre universidades públicas, asociativas y las sin fines de
lucro, y también expresaron los niveles de corrupción que hay en algunas
autoridades universitarias. Propusieron modificar algunos artículos que podrían
significar una “intromisión excesiva” en las universidades.
Fuente: Congreso
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