MANUEL BURGA, HISTORIADOR. DOCENTE UNIVERSITARIO
EL 28 de setiembre, en Bogotá, en la reunión de instalación del Consejo Superior de la Universidad Andina Simón Bolívar, en la cual nos incorporamos nuevos consejeros, tuve la oportunidad de conocer al Dr. Ernesto Albán Gómez, que dejaba la presidencia de este consejo para volver a la docencia universitaria en Quito.
EL 28 de setiembre, en Bogotá, en la reunión de instalación del Consejo Superior de la Universidad Andina Simón Bolívar, en la cual nos incorporamos nuevos consejeros, tuve la oportunidad de conocer al Dr. Ernesto Albán Gómez, que dejaba la presidencia de este consejo para volver a la docencia universitaria en Quito.
Es un abogado penalista ecuatoriano de prestigio, autor de importantes libros de su especialidad y animador de este consejo superior durante 21 años.
Me enteré de que había sido ministro de Educación de su país en 1983, durante el gobierno de Osvaldo Hurtado, y que desde entonces ha ocupado altos cargos en la universidad ecuatoriana.
Sin lugar a dudas, es un testigo de excepción de los cambios que han afectado a la educación superior ecuatoriana de las últimas dos décadas.
Quería conocer su opinión sobre lo que ocurre en la educación superior ecuatoriana a propósito de la Nueva Ley Orgánica de Educación Superior de octubre de 2010, que creó el Sistema Nacional de la Educación Superior de Ecuador.
Ahora existen el viceministerio de la Educación Superior, el Consejo de Educación Superior (CES) y el temido Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación (Ceaaces), que preside Francisco Cadena, un Ph.D –título académico equivalente a doctor– de la Politécnica de Cataluña, e integran otros cuatro Ph.D, uno de ellos es una brasileña especialista en administración.
El conocimiento de estos cambios puede ser de gran utilidad para los interesados en el futuro de la universidad peruana.
Como se indica en su portal, “el Ceaaces es un organismo de derecho público, cuya finalidad esencial es el mejoramiento de la calidad académica y de gestión de las universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores, técnicos y tecnológicos del país, a través de los procesos de autoevaluación institucional, evaluación externa y acreditación”.
La aplicación de sus normas llevó, hace poco, a suspender a 14 instituciones de educación superior que funcionaban sin respetar las normas de calidad exigidas por ese consejo.
Don Ernesto Albán me explicó, de manera muy breve, , que el gobierno de Rafael Correa, hacia 2009, ordenó hacer un diagnóstico de la universidad ecuatoriana y el resultado fue fatal: se concluyó que atravesaba una de sus peores crisis republicanas.
Entonces el gobierno, con el apoyo del Congreso de la República, a través del CES y el Ceaaces puso en marcha un proceso que puede terminar en la creación de un nuevo sistema de la universidad ecuatoriana.
Pero el gobierno de Correa no se ha limitado al cierre de universidades, medida que recibió el respaldo popular, sino que ha avanzado –se diría de manera sorprendente– en construir un nuevo sistema con cuatro universidades centrales: la Universidad de Educación (Cañar), para la que está invitando a profesores españoles. La Universidad Yachay, para la que también invitarán a científicos de diferentes países.
Asimismo, la Universidad de las Artes (en Guayaquil)y de la Amazonía, de carácter intercultural.
Nadie sabe lo que pasará en el futuro con esta propuesta del gobierno, pero se intuye muy fácilmente que esta es una enorme crítica a la universidad existente en este país.
El doctor Albán es bastante crítico de las formas actuales de intervención en la universidad. Los proyectos de maestría y doctorado, por ejemplo, deben ser aprobados por el CES, caso contrario no tienen validez en el país.
Me indicó, igualmente, que los miembros del Ceaaces intervienen directamente para evaluar los contenidos de estos programas y, muy a menudo, los detienen, apoyados en opiniones de especialistas contratados ad hoc.
El Ceaaces, por su parte, ha dado un plazo de cuatro años a los docentes universitarios para que se gradúen de doctores; de lo contrario, podrían perder sus categorías y hasta sus posiciones.
En la actualidad, solo el 20% de los docentes de las universidades son doctores. ¿Podrá el 80% restante graduarse en el plazo de cuatro años, es decir, hasta 2017?
La preocupación se veía en su rostro y en el de sus acompañantes, ya que si el CES ha podido suspender 14 universidades, todos opinaron que también podría hacer cumplir esta norma, lo que podría ser muy dramático para la universidad ecuatoriana.
La conclusión es evidente: todo sistema rector, regulador e intervencionista termina por despertar la preocupación y la resistencia de los universitarios.
Cuando puse a mi interlocutor ante la disyuntiva de un sistema con un CES como el ecuatoriano y una situación sin sistema, sin consejo, como en nuestro país, me indicó que lo sabio y adecuado es buscar el justo medio.
Fuente: El Peruano
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