A PROPÓSITO DE LAS REFORMAS PROPUESTAS A LA LEY UNIVERSITARIA
Por: Javier Sota Nadal
Ex Ministro de Educación
Ex rector UNI
Ex Presidente ANR
El señor Hugo Guerra publicó el 26/6/2010, en este Diario, un artículo crítico contra la ley que democratiza las elecciones de las autoridades de la universidad peruana, aprobada recientemente por el Congreso, en cuya argumentación se pide al Ejecutivo la observación de esta ley. Las siguientes líneas son una respuesta al autor del referido comentario, y una buena ocasión para el debate sobre tan importante tema:
1. Si bien la reforma de Córdoba fue impulsada por el catedrático y político argentino Alfredo Palacios —quien en 1919 visitó San Marcos—, una década antes, en 1909 en el Cusco, académicos como Valcárcel, Corazao y Aztete ya reclamaban en la “Revista Sierra” reformas similares. Estas se concretaron en el Congreso de Estudiantes del Cusco del 1919. Allí estuvieron Haya, Basadre, Porras y otros.
¿Qué pedían los estudiantes en ese entonces en cuanto a lo que ahora discutimos? a) Becas para los estudiantes pobres de Lima y provincias; y b) Participación en los órganos de gobierno. Pues bien, ambas aspiraciones están siendo cumplidas ahora.
Nunca pidieron ni en Córdoba, ni menos los reformistas del 19, autarquía, autismo y desentendimiento del desarrollo del país. Hoy las universidades públicas son gratuitas para todos, pobres y no pobres y, en los órganos de gobierno, los alumnos participan en un tercio. El tiempo ha transcurrido y las universidades públicas, por el sistema de elección y representación imperante, se agotan en los problemas del antegrado, sus autoridades son inestables y la universidad toda es proclive al autismo. Sendero identificó en los 80 esta extraterritorialidad práctica concedida por una democracia boba y pretendió coparlas, felizmente sin éxito.
2. La ley aprobada por el Congreso en nada transgrede la situación positiva alcanzada, sigue la gratuidad y la presencia del tercio en todos los órganos de gobierno. Dicha norma lo que modifica es la modalidad de elección de las autoridades. El sistema actual prescribe que los rectores, vicerrectores y decanos sean elegidos por los miembros de los órganos de gobierno previamente constituidos, cuya composición fluctúa entre 100 y 18 miembros (Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad). La nueva ley establece que deben ser elegidos en una votación universal, en la que todos participan y no solo unos cuantos “conversables”.
3. Las atribuciones de los órganos de gobierno siguen como antes. Nada de poder pierden profesores y estudiantes miembros de los órganos de gobierno y dirección. La reciente ley solo traslada la atribución que tenían unos cuantos de elegir a las autoridades universitarias (a rectores, vicerrectores y decanos), a las manos de la comunidad universitaria y facultativa, con mayor amplitud democrática.
4. Quienes compartimos los aspectos positivos de esta decisión del Congreso, creemos que la ley, objeto de este comentario, debe ser promulgada por el Ejecutivo, por las siguientes razones:
a. Destierra la politiquería realmente existente —no la política como ciencia y arte del buen gobierno— en la elección de las autoridades, al evitar o quebrar la posibilidad de arreglos indebidos con los pocos y al mismo tiempo “grandes” electores, pasibles de ser seducidos. Con este nuevo cuerpo jurídico, el poder de la comunidad universitaria sería ejercido con la debida legitimidad.
b. Abre la puerta a la política universitaria a sus mejores elementos ya que posibilita que líderes académicos, reconocidos en su propia universidad por sus obras y sus valores éticos y morales —que hoy permanecen recluidos en sus laboratorios, asqueados por la mediocridad y el desgobierno— encuentran el canal legal para tentar el poder con proyectos universitarios racionales, poder que hasta ahora es entregado por el sistema —casi siempre— a politiqueros mediocres, sin ideas universitarias, carentes de escrúpulos, seductores de asambleístas y consejeros, para alcanzar sus fines particulares, sin importar los medios.
c. Otorga seguridad a la autoridad universitaria al enraizar su legitimidad en la comunidad universitaria y no en unos cuantos. Reduce la cantidad de miembros de los órganos de dirección y gobierno, que actualmente alcanzan dimensiones de mítines políticos, a un tamaño adecuado para un gobierno moderno (36 en la Asamblea Universitaria, 12 en el Consejo Universitario, 9 en el Consejo de Facultad).
d. Empodera a un vicerrector de investigación y otorga oportunidades de participación a los alumnos de posgrado en los órganos de gobierno para promover el cumplimiento de la finalidad última de la función universitaria que es la creación del conocimiento y la investigación, hasta ahora insuficientemente incumplida.
Finalmente, si al señor Guerra le preocupa el destino de las universidades regidas por D.L. 882 dado durante el gobierno de Fujimori, cuyo gobierno es ejercido por sus propietarios o promotores, o el estatuto especial que poseen las universidades sin fines de lucro para formar sus órganos de gobierno, pues bien que estas instituciones sigan como están.
Pero eso sí, será necesario reforzar al Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Calidad Educativa para que los usuarios sepan, como ocurre con los depositantes de las entidades bancarias, que evalúan cuán sólida es la institución en la que han confiado su capital intelectual y así se libran o alejan de un anunciado riesgo o de una virtual estafa. Es obvio que la ley, objeto de crítica y petición de su no promulgación, no es completa si pretendemos hablar de una nueva Ley Universitaria, la actual data de 1983. Pero este aspecto y otros, bien pueden y deben ser materia de diferentes foros y como parte importante de un plan nacional de la república peruana.
Fuente: El Comercio
Por: Javier Sota Nadal
Ex Ministro de Educación
Ex rector UNI
Ex Presidente ANR
El señor Hugo Guerra publicó el 26/6/2010, en este Diario, un artículo crítico contra la ley que democratiza las elecciones de las autoridades de la universidad peruana, aprobada recientemente por el Congreso, en cuya argumentación se pide al Ejecutivo la observación de esta ley. Las siguientes líneas son una respuesta al autor del referido comentario, y una buena ocasión para el debate sobre tan importante tema:
1. Si bien la reforma de Córdoba fue impulsada por el catedrático y político argentino Alfredo Palacios —quien en 1919 visitó San Marcos—, una década antes, en 1909 en el Cusco, académicos como Valcárcel, Corazao y Aztete ya reclamaban en la “Revista Sierra” reformas similares. Estas se concretaron en el Congreso de Estudiantes del Cusco del 1919. Allí estuvieron Haya, Basadre, Porras y otros.
¿Qué pedían los estudiantes en ese entonces en cuanto a lo que ahora discutimos? a) Becas para los estudiantes pobres de Lima y provincias; y b) Participación en los órganos de gobierno. Pues bien, ambas aspiraciones están siendo cumplidas ahora.
Nunca pidieron ni en Córdoba, ni menos los reformistas del 19, autarquía, autismo y desentendimiento del desarrollo del país. Hoy las universidades públicas son gratuitas para todos, pobres y no pobres y, en los órganos de gobierno, los alumnos participan en un tercio. El tiempo ha transcurrido y las universidades públicas, por el sistema de elección y representación imperante, se agotan en los problemas del antegrado, sus autoridades son inestables y la universidad toda es proclive al autismo. Sendero identificó en los 80 esta extraterritorialidad práctica concedida por una democracia boba y pretendió coparlas, felizmente sin éxito.
2. La ley aprobada por el Congreso en nada transgrede la situación positiva alcanzada, sigue la gratuidad y la presencia del tercio en todos los órganos de gobierno. Dicha norma lo que modifica es la modalidad de elección de las autoridades. El sistema actual prescribe que los rectores, vicerrectores y decanos sean elegidos por los miembros de los órganos de gobierno previamente constituidos, cuya composición fluctúa entre 100 y 18 miembros (Asamblea Universitaria y Consejos de Facultad). La nueva ley establece que deben ser elegidos en una votación universal, en la que todos participan y no solo unos cuantos “conversables”.
3. Las atribuciones de los órganos de gobierno siguen como antes. Nada de poder pierden profesores y estudiantes miembros de los órganos de gobierno y dirección. La reciente ley solo traslada la atribución que tenían unos cuantos de elegir a las autoridades universitarias (a rectores, vicerrectores y decanos), a las manos de la comunidad universitaria y facultativa, con mayor amplitud democrática.
4. Quienes compartimos los aspectos positivos de esta decisión del Congreso, creemos que la ley, objeto de este comentario, debe ser promulgada por el Ejecutivo, por las siguientes razones:
a. Destierra la politiquería realmente existente —no la política como ciencia y arte del buen gobierno— en la elección de las autoridades, al evitar o quebrar la posibilidad de arreglos indebidos con los pocos y al mismo tiempo “grandes” electores, pasibles de ser seducidos. Con este nuevo cuerpo jurídico, el poder de la comunidad universitaria sería ejercido con la debida legitimidad.
b. Abre la puerta a la política universitaria a sus mejores elementos ya que posibilita que líderes académicos, reconocidos en su propia universidad por sus obras y sus valores éticos y morales —que hoy permanecen recluidos en sus laboratorios, asqueados por la mediocridad y el desgobierno— encuentran el canal legal para tentar el poder con proyectos universitarios racionales, poder que hasta ahora es entregado por el sistema —casi siempre— a politiqueros mediocres, sin ideas universitarias, carentes de escrúpulos, seductores de asambleístas y consejeros, para alcanzar sus fines particulares, sin importar los medios.
c. Otorga seguridad a la autoridad universitaria al enraizar su legitimidad en la comunidad universitaria y no en unos cuantos. Reduce la cantidad de miembros de los órganos de dirección y gobierno, que actualmente alcanzan dimensiones de mítines políticos, a un tamaño adecuado para un gobierno moderno (36 en la Asamblea Universitaria, 12 en el Consejo Universitario, 9 en el Consejo de Facultad).
d. Empodera a un vicerrector de investigación y otorga oportunidades de participación a los alumnos de posgrado en los órganos de gobierno para promover el cumplimiento de la finalidad última de la función universitaria que es la creación del conocimiento y la investigación, hasta ahora insuficientemente incumplida.
Finalmente, si al señor Guerra le preocupa el destino de las universidades regidas por D.L. 882 dado durante el gobierno de Fujimori, cuyo gobierno es ejercido por sus propietarios o promotores, o el estatuto especial que poseen las universidades sin fines de lucro para formar sus órganos de gobierno, pues bien que estas instituciones sigan como están.
Pero eso sí, será necesario reforzar al Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Calidad Educativa para que los usuarios sepan, como ocurre con los depositantes de las entidades bancarias, que evalúan cuán sólida es la institución en la que han confiado su capital intelectual y así se libran o alejan de un anunciado riesgo o de una virtual estafa. Es obvio que la ley, objeto de crítica y petición de su no promulgación, no es completa si pretendemos hablar de una nueva Ley Universitaria, la actual data de 1983. Pero este aspecto y otros, bien pueden y deben ser materia de diferentes foros y como parte importante de un plan nacional de la república peruana.
Fuente: El Comercio
1 comentario:
ME SORPRENDE QUE DON JAVIER SOTA DEFIENDA -AHORA- UNA LEY QUE EN EL AÑO 2004 ESTABA EN CONTRA CUANDO FUE MINISTRO DE EDUCACION. EL DEFENDIÓ CON ARDOR LA ELECCIÓN DEL RECTOR ROBERTO MORALES EN LA UNI EN EL AÑO 2004, Y TODO PARA QUE SIGA OCULTO LO QUE GRACIAS A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA YA SE SABE QUE OCURRIÓ. OJALÁ SU OPINIÓN NO SEA PRODUCTO DEL ALZHEIMER.
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