En defensa del Tercio Estudiantil

Por: Hugo Guerra

Sábado 26 de Junio del 2010

El proyecto de ley aprobado por el Congreso que supuestamente busca “democratizar” la elección de los rectores universitarios atenta contra los derechos estudiantiles.

Hace 92 años en Córdoba, Argentina, se gestó la gran Reforma Universitaria latinoamericana, cuando un puñado de estudiantes y jóvenes graduados rompió las seniles estructuras de un esquema elitista que —escudado en criterios eclesiales anquilosados— impedía que el pueblo accediera plenamente a la educación superior.

El desprecio por los estudiantes y el afán terrible por retener el control a cualquier costa, los resumió un rector impuesto por la oligarquía cuando dijo: “Prefiero antes que renunciar que quede el tendal de cadáveres de estudiantes…”. Contra eso la Federación Universitaria Argentina luchó enérgicamente hasta que la reforma estableció de manera orgánica la participación de los educandos en las elecciones de autoridades, por medio del llamado Tercio Estudiantil. Ese modelo fue ratificado en mayo de 1968, cuando la gran revuelta de Nanterre terminó con el mandarinato académico.

Desde entonces en el Perú, por encima de cualquier contingencia social, política o económica, muchas generaciones de alumnos y catedráticos hemos luchado por mantener en la universidad pública el cogobierno, la autonomía (no la extraterritorialidad), la libertad de cátedra, la gratuidad de la enseñanza, el ingreso irrestricto y la extensión social.

Pero vemos con asombro cómo hoy, so pretexto de enfrentar la nueva infiltración senderista en nuestra alma máter sanmarquina, ciertos congresistas pretenden desconocer por vía indirecta el derecho de los estudiantes, planteando falazmente que la elección de rectores sea vía votación “universal, obligatoria, directa, secreta y pacífica”.

Eso significa que, aun cuando el peso ponderado final del voto de los jóvenes pudiera representar la tercera parte del total, desaparecerá el Tercio Estudiantil como institución intrauniversitaria. Además, se restringirán las potestades de la Asamblea Universitaria para designar al rector y vicerrector, y se recortan también los derechos de los consejos de facultad para elegir a los decanos.

Ello es antidemocrático porque, por ejemplo, mientras que hoy en San Marcos la asamblea cuenta con unas 114 personas para tomar decisiones, si se aprueba la nueva ley, solo 36 privilegiados aglutinarán el poder.

En los últimos 25 años cinco veces se ha modificado el sistema de elección, y ahora —cuando la infiltración terrorista es cuestión totalmente diferente a este tema— se quieren introducir criterios falaces de selección de autoridades, suponiendo que las universidades públicas, con su tremenda complejidad social y académica, son equiparables a las repúblicas; cosa que demuestra, además, que los legisladores no recuerdan que el artículo 18 de la Constitución precisa que estas instituciones tienen como finalidad “la formación profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y artística y la investigación científica y tecnológica”, y no el gobierno del Estado.

Los legisladores no captan, tampoco, lo evidente: que si se aprueba la ley, las universidades se politizarán más, se convertirán en escenarios de luchas partidarias y terminarán convirtiéndose en objetivos políticos fragmentados y debilitados. Es decir, en entidades incapaces de defender su autonomía.

Peor todavía, en el proyecto se pretende incluir también a las universidades privadas y se desconoce que al estar regidas por el D.L. 882 (y no por la Ley Universitaria) tienen derecho a organizarse y administrarse como mejor parezca a sus promotores o asociados según cada caso. Recuérdese que el Tribunal Constitucional en el caso de la cuestionada Ley 28637, que regula precisamente la elección de autoridades universitarias, ya estableció que las universidades privadas se rigen por lo que dispongan sus estatutos.

Por todo esto, pues, el proyecto de ley debe ser observado por el Ejecutivo si el gobierno del Apra no quiere atentar contra la democratización de la cultura y la libertad de las entidades educativas. En cuanto a los estudiantes y profesores auténticamente democráticos, recordémosles que la universidad no puede aceptar que le impongan criterios lesivos a su rol de conciencia crítica de la nación.

Fuente: El Comercio