Decisión fue adoptada tras sustentación a cargo del Ministerio Público.
(AFN, Lima,
9 de abril de 2018).- El Ministerio
Público consiguió que se amplíe a 36 meses, el plazo de prisión preventiva
solicitado contra el exgerente de una entidad vinculada a la Universidad
Nacional de Ingeniería y dos alcaldes, por irregularidades en la contratación
de obras públicas en diversas ciudades del país que habrán perjudicado al
Estado por más de 3 millones de soles.
La medida fue
obtenida por el Quinto Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en
delitos de Corrupción de Funcionarios contra Óscar Antonio Casas Dávila,
exgerente del consorcio UNI SERVIUNI S.A.C. Asimismo, contra
Tarciso Hilario Mendoza Shirorinti, exalcalde de la municipalidad de Río Tambo,
en Satipo; y contra Adolfo Nicolás Hancco Puraca, actual alcalde distrital de
San Juan de Salinas, en la provincia puneña de Azángaro.
Según el pedido
fiscal, la ampliación de la medida permitirá realizar diversas diligencias en
lugares alejados del país debido a que podrían existir más de 60 personas
implicadas en el caso, al tratarse de una organización criminal cuyo accionar
se habría extendido en gran parte del territorio nacional. Asimismo, habrían
realizado diversos contratos fraudulentos, lo que significa que deben
efectuarse diversas pericias contables y financieras que requieren la presencia
de fiscales en diversas localidades del país.
De acuerdo a los
resultados de la investigación fiscal, en setiembre de 2012 se habría
conformado un pacto destinado a generar ganancias indebidas en los proyectos de
inversión pública. Para ello, habrían suscrito convenios ilegales de
colaboración entre el consorcio UNI SERVIUNI y diferentes
entidades públicas para captar diversos proyectos del Estado, vulnerando las
normas de contrataciones del Estado.
Las
investigaciones fiscales habrían permitido descubrir, además, que la
organización criminal sería responsable de la generación de 13 convenios de
colaboración vinculados a 16 obras públicas. Igualmente, habrían captado seis
proyectos de inversión pública en los cuales habrían beneficiado a empresas
constructoras sin exigir procesos de selección.
Además, Casas
Dávila, en su calidad de administrador de la cuenta bancaria del
consorcio UNI SERVIUNI, habría desviado los activos de procedencia
ilícita a su cuenta personal, a las de familiares y a la de sus colaboradores
más cercanos, originando un perjuicio al Estado superior a 3 millones 500
mil soles. adjunta provincial, Rosemary Quispe Mori, durante la
audiencia celebrada ante la Sala penal de Apelaciones Especializada en Delios
de Corrupción de Funcionarios.
(Foto Andina)
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PÚBLICO - FISCALÍA DE LA NACIÓN
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