Por Salomón Lerner Febres
Desde hace algún tiempo se oyen variadas voces que cuestionan la reciente ley universitaria y en ella la creación de la Superintendencia de Educación Superior Universitaria (SUNEDU).
Aquellos que así opinan se escudan en una comprensión muy cuestionada de lo que es la Autonomía Universitaria, importándoles mucho menos el serio problema de calidad académica que viven una buena parte de las universidades en el país, sean ellas públicas o privadas.
Se ha olvidado que siendo la educación un derecho ciudadano, ella ha de ser correspondida por un Estado que organice centros de estudios superiores con la necesaria calidad para la formación profesional y ciudadana de los jóvenes que a ellos concurran. Asimismo se pasa por alto que en el Perú los grados y títulos se entregan “A nombre de la Nación” y que por tal motivo el Estado tiene el deber de asegurar que, también en las Universidades privadas, se cumplan altos niveles de calidad en la preparación de los alumnos.
Calidad implica, entre otros asuntos: un número pertinente de docentes calificados –y bien remunerados claro está–; fomento de la vida comunitaria a través de la ponderada y razonable participación de docentes y alumnos en el gobierno de la institución; cultivo de la conciencia en los alumnos del compromiso que han asumido frente a la sociedad y el país, el que nace del privilegio de formarse como profesionales –situación que no es la de la mayoría de jóvenes en nuestro país–; impulso a la creación del saber a través de la investigación pues sin ella la Universidad pierde en su esencia y se cierra al futuro; en fin, hacer de eso que llamamos Universidad un espacio de encuentro comunidad, de diálogo crítico y reflexivo en el que no sólo se cultive la inteligencia sino también la voluntad y los afectos.
Todo lo mencionado por desgracia es olvidado en nuestro país y ello porque frecuentemente se asume como verdad incuestionable que la intervención de la lógica de la empresa privada en la estructura y la vida académica de las universidades mejorará la educación, supeditando los valores más propios de las universidades al lucro entendido como el comportamiento “maduro” que han de seguir personas e instituciones. Así se convierte en imperceptible cualquier fin cooperativo, incluyendo el valor intrínseco de la búsqueda de la ciencia y la expresión artística, o el cuidado de la investigación. Luego de la creación del Decreto Legislativo 882, bajo el fujimorato, la proliferación de universidades empresa no ha mejorado en absoluto la calidad educativa en las universidades peruanas. Fascinados por las expectativas de lucro, estos nuevos centros han facilitado hasta el extremo el ingreso de estudiantes, pero no han buscado la formación de sus estudiantes ni han promovido la producción científica.
Cuando el lucro sustituye al espíritu académico como motor de la vida universitaria, la calidad del trabajo intelectual y el sentido crítico pueden verse sacrificados en nombre de las expectativas de ganancia del propietario. En esta situación se debe actuar con severidad frente a la existencia de centros de educación de ínfima calidad, que sorprenden a los estudiantes con trucos publicitarios y falsas promesas, ello a la par de que se brinde apoyo a las instituciones, públicas o privadas, que sean fieles a su misión formativa.
Fuente: La Republica
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