El congresista Fernando Zeballos ha presentado un proyecto que merece apoyo y que busca cerrar el paso a la creación de nuevas universidades. Estudiar en la universidad pública es libre y gratuito, lo que implica que todos tienen la posibilidad de ingresar y cursar las materias respectivas de la carrera elegida. Es una prestación del Estado considerada universal, aunque se sabe que no concurren a esas aulas todos los jóvenes en edad de estudiar y, entre los que sí lo hacen, no todos finalizan los estudios o los culminan con un título o grado.
Pero si el derecho a la universalidad de la educación pública es un principio consagrado, se le vacía de contenido al favorecer la creación indiscriminada de universidades estatales a partir de proyectos que no toman en cuenta su factibilidad, las rentas que podrían sostenerlas –por lo general arrancadas a otras universidades–, la infraestructura o el personal docente para que el nuevo centro de estudios ofrezca una educación de calidad.
Este principio nos parece tan exigible como el de la enseñanza gratuita, y por desgracia no es considerado en nuestro país, que tiene más de 70 universidades públicas, muchas de las cuales de “universidad” solo tienen el membrete, pues carecen de personal docente adecuado y la educación que allí se imparte no alcanza parámetros mínimos que son perfectamente auditables, puesto que existe un ranking universitario medido de acuerdo con el nivel de excelencia académica que posee cada centro de estudios.
La pregunta, entonces es: ¿para qué crear universidades si la enseñanza que imparten carece de calidad y las convierte en fábricas de títulos sin valor? Los poderes del Estado, que debieran ser los primeros en ejercer un control, hacen lo contrario, y hasta municipios provinciales o distritales compiten en crear más “universidades”. Por eso el proyecto del congresista Zeballos es digno de apoyo, pero sin duda chocará con intereses creados, que son los mismos que se oponen a dotar al país de una ley universitaria acorde con el siglo XXI.
Cuando el TC sostiene que dejar de crear nuevas universidades (públicas y privadas) “atenta contra la libertad de empresa”, la comisión de control de calidad deja de exigir un nivel adecuado o un grupo de congresistas se saca una nueva “universidad” de bajo la manga, queda patente quienes están por que nada cambie. Y no será fácil encontrar apoyos contra esta situación.
Pero si el derecho a la universalidad de la educación pública es un principio consagrado, se le vacía de contenido al favorecer la creación indiscriminada de universidades estatales a partir de proyectos que no toman en cuenta su factibilidad, las rentas que podrían sostenerlas –por lo general arrancadas a otras universidades–, la infraestructura o el personal docente para que el nuevo centro de estudios ofrezca una educación de calidad.
Este principio nos parece tan exigible como el de la enseñanza gratuita, y por desgracia no es considerado en nuestro país, que tiene más de 70 universidades públicas, muchas de las cuales de “universidad” solo tienen el membrete, pues carecen de personal docente adecuado y la educación que allí se imparte no alcanza parámetros mínimos que son perfectamente auditables, puesto que existe un ranking universitario medido de acuerdo con el nivel de excelencia académica que posee cada centro de estudios.
La pregunta, entonces es: ¿para qué crear universidades si la enseñanza que imparten carece de calidad y las convierte en fábricas de títulos sin valor? Los poderes del Estado, que debieran ser los primeros en ejercer un control, hacen lo contrario, y hasta municipios provinciales o distritales compiten en crear más “universidades”. Por eso el proyecto del congresista Zeballos es digno de apoyo, pero sin duda chocará con intereses creados, que son los mismos que se oponen a dotar al país de una ley universitaria acorde con el siglo XXI.
Cuando el TC sostiene que dejar de crear nuevas universidades (públicas y privadas) “atenta contra la libertad de empresa”, la comisión de control de calidad deja de exigir un nivel adecuado o un grupo de congresistas se saca una nueva “universidad” de bajo la manga, queda patente quienes están por que nada cambie. Y no será fácil encontrar apoyos contra esta situación.
Fuente: La República
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