Proponen separación de congresistas vinculados a universidades privadas

En la primera sesión de la Comisión de Educación desarrollada el pasado 06 de setiembre, el Congresista Jorge Rimarachín Cabrera (NGP), miembro titular de la Comisión de Educación, solicitó que el Presidente de la comisión remita a los directivos portavoces de todas los grupos parlamentarios, para que aparten del grupo de trabajo a los congresistas que tienen participación de carácter empresarial o societario en universidades privadas. Aquí todos sabemos quiénes son, pero además desearía que sean ellos mismos quienes se aparten voluntariamente de la comisión para que no se empañe las tareas de fiscalización de esta comisión, enfatizó.
Cabe mencionar que el congresista Richard Acuña Núñez integrante de la Comisión de Educación, se desempeña como gerente general de la Universidad César Vallejo, y es hijo de César Acuña, quien es dueño del consorcio de universidades-negocios: César Vallejo - Señor de Sipán.
Rimarachin recordó que la presencia de personas que representan los intereses privados en la educación universitaria, atenta contra una de las funciones esenciales de las comisiones ordinarias, el de la fiscalización, en este caso respecto de las universidades que hoy se encuentran muy cuestionadas por el cobro de altas pensiones, que no reflejan la calidad de la enseñanza que se imparte y la casi nula infraestructura que tienen.
Señalo que la tarea de fiscalización que está obligado desarrollar la Comisión de Educación no debe estar contaminada por congresistas que no serán imparciales ni objetivos por los intereses empresariales que naturalmente defienden. Necesitamos que la población vea a este nuevo congreso comprometido con la defensa de sus intereses, para ello, es imprescindible el comportamiento transparente y ético del nuevo congresista.
No podemos aceptar que exista la sospecha de que viene al Congreso a patrocinar intereses privados propios o de terceros, ingresando en el ámbito de lo que se conoce como conflicto de intereses, indicó. Además es bueno recordar que la función del congresista es a tiempo completo y, es incompatible con el desarrollo de actividades empresariales, sobre todo cuando se prestan servicios públicos como es el caso de la educación. Ese es el sentido del mandato del artículo 92 de la Constitución del Estado y los artículos 19 y 20 del Reglamento del Estado.