Estos resultados son obtenidos en un complejo escenario universitario en el que priman un conjunto de universidades -públicas y privadas- que mayoritariamente se resisten a ser medidas o reguladas, cómodas en un escenario de competencia con fuertes asimetrías de información, y, por otro, un Estado que apenas ha desarrollado políticas públicas para conocer y asegurar la calidad de la oferta en educación superior, es decir, siendo un actor incapaz de poner las reglas del juego.
El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace), como organismo responsable de la acreditación universitaria, fue aprobado en 2006, pero no se ha puesto en operación de manera adecuada, pues lo han bloqueado intereses que han impedido que el Congreso le dé mayores atribuciones", dice Javier Sota Nadal, decano del Colegio de Arquitectos del Perú y ex ministro de Educación durante el gobierno de Alejandro Toledo. El diagnóstico de ese académico frente a la desregulación del sector es desolador: el incremento de la oferta ha mermado enormemente la calidad académica. Existen universidades que aceptan todas las postulaciones de sus alumnos, sin filtro alguno más allá de que pueda ser pagada y hay infinidad de títulos entregados por estas universidades, sin que se garantice un mínimo de calidad que los respalde.
Iván Rodríguez Chávez,
presidente de la ANR:
“La demanda no asocia una
buena educación con un costo”.
En el Perú habrá 20 universidades que puedan llamarse como tales, el resto solo ha servido para amortiguar el desempleo juvenil", sentencia Sota Nadal, quien testifica, además, que cuando fue la máxima autoridad de educación, le fue prácticamente imposible hacer que el grueso de las universidades hiciera reportes mínimos ante la Asamblea Nacional de Rectores, el organismo estatal que reúne a las universidades públicas y privadas.
Más allá de las palabras, lo cierto es que el Sineace ha bregado por ampliar sus atribuciones y ha logrado hacer obligatorias las acreditaciones de las carreras de las áreas de salud, educación, y -recientemente- las de ingeniería y de derecho. Sin embargo, y pese a que "el sistema es simple, las universidades se autoevalúan conforme a nuestras pautas y las califican entidades acreditadoras externas, ninguna institución se ha mostrado interesada, por lo que tampoco tenemos entidades acreditadoras", dice José María Viaña, presidente del Consejo Nacional para la Evaluación y Acreditación de las Universidades (Coneau), un organismo dependiente del Sineace.
Pese a la nula respuesta de las universidades peruanas, Iván Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Rectores y rector de la Universidad Ricardo Palma, cree que "es asunto de tiempo" que el sistema de acreditación comience a funcionar, pues pronto las mejores universidades comprenderán las bondades de ratificar un buen trabajo.
"La acreditación, como es un acto público, al ser denegada a alguna institución, es suficiente como para que el mercado deje de elegirla", dice.
Sin embargo, Raúl Díaz Canseco, presidente fundador de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), y ex vicepresidente de la República, constata cómo el Perú se ha quedado atrás en esta materia, a la cola de sus vecinos, Chile, Colombia y Ecuador, países que han implementado sistemas de acreditación que o son obligatorios o bien guían efectivamente el mercado. "El Estado no se puede dar el lujo de que sigan proliferando instituciones de baja calidad. La acreditación no es más que la exigencia estatal de que las universidades cumplan con los objetivos para los cuales fueron creadas", dice.
Felipe Portocarrero Suarez,
Rector de la Universidad del
Pacífico: “La acreditación genera
una autointerpelación,
un autoanálisis”.
Por su parte, Felipe Portocarrero, rector de la Universidad del Pacífico, cree que la acreditación se hace vital para diferenciar el trigo de la paja en la mayor oferta educativa. "La masificación ha tenido, por un lado, un efecto positivo, porque ha democratizado la educación. Ya no es un grupo selecto de universidades de clase media o alta las que tienen acceso a la educación. El gran problema es que las mayores oportunidades no están yendo de la mano con la calidad en la formación de los alumnos", dice.
Para Carmen Rosa Graham, ex rectora de la Universidad del Pacífico, si la acreditación nacional sigue con su retraso y no apunta a la acreditación de la universidad como conjunto, y no sólo por carreras, "serán las acreditaciones internacionales las que vendrán en su reemplazo", dice.
Rodolfo Cremer, vicerrector de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), afirma que su casa de estudios está en proceso de acreditación. "Todas las universidades estamos en ese proceso, pero eso no significa que solo por ello estemos haciendo las cosas bien". Entre otras críticas, Cremer cuestiona que lo que mide el Coneau "es demasiado, son cientos de indicadores, algunos muy importantes, pero otros no agregan valor". En cambio (y en ausencia de sistemas comunes), la UPC utiliza los criterios de Laureate International, la gran corporación de universidades a la que pertenece, junto a otras 40 casas de estudios alrededor del mundo, que -bajo una estricta inspiración empresarial- provee de indicadores tales como recomendabilidad de la universidad, o empleabilidad tras el egreso.
El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace), como organismo responsable de la acreditación universitaria, fue aprobado en 2006, pero no se ha puesto en operación de manera adecuada, pues lo han bloqueado intereses que han impedido que el Congreso le dé mayores atribuciones", dice Javier Sota Nadal, decano del Colegio de Arquitectos del Perú y ex ministro de Educación durante el gobierno de Alejandro Toledo. El diagnóstico de ese académico frente a la desregulación del sector es desolador: el incremento de la oferta ha mermado enormemente la calidad académica. Existen universidades que aceptan todas las postulaciones de sus alumnos, sin filtro alguno más allá de que pueda ser pagada y hay infinidad de títulos entregados por estas universidades, sin que se garantice un mínimo de calidad que los respalde.
Iván Rodríguez Chávez,presidente de la ANR:
“La demanda no asocia una
buena educación con un costo”.
En el Perú habrá 20 universidades que puedan llamarse como tales, el resto solo ha servido para amortiguar el desempleo juvenil", sentencia Sota Nadal, quien testifica, además, que cuando fue la máxima autoridad de educación, le fue prácticamente imposible hacer que el grueso de las universidades hiciera reportes mínimos ante la Asamblea Nacional de Rectores, el organismo estatal que reúne a las universidades públicas y privadas.
Más allá de las palabras, lo cierto es que el Sineace ha bregado por ampliar sus atribuciones y ha logrado hacer obligatorias las acreditaciones de las carreras de las áreas de salud, educación, y -recientemente- las de ingeniería y de derecho. Sin embargo, y pese a que "el sistema es simple, las universidades se autoevalúan conforme a nuestras pautas y las califican entidades acreditadoras externas, ninguna institución se ha mostrado interesada, por lo que tampoco tenemos entidades acreditadoras", dice José María Viaña, presidente del Consejo Nacional para la Evaluación y Acreditación de las Universidades (Coneau), un organismo dependiente del Sineace.
Pese a la nula respuesta de las universidades peruanas, Iván Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Rectores y rector de la Universidad Ricardo Palma, cree que "es asunto de tiempo" que el sistema de acreditación comience a funcionar, pues pronto las mejores universidades comprenderán las bondades de ratificar un buen trabajo.
"La acreditación, como es un acto público, al ser denegada a alguna institución, es suficiente como para que el mercado deje de elegirla", dice.
Sin embargo, Raúl Díaz Canseco, presidente fundador de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), y ex vicepresidente de la República, constata cómo el Perú se ha quedado atrás en esta materia, a la cola de sus vecinos, Chile, Colombia y Ecuador, países que han implementado sistemas de acreditación que o son obligatorios o bien guían efectivamente el mercado. "El Estado no se puede dar el lujo de que sigan proliferando instituciones de baja calidad. La acreditación no es más que la exigencia estatal de que las universidades cumplan con los objetivos para los cuales fueron creadas", dice.
Felipe Portocarrero Suarez,Rector de la Universidad del
Pacífico: “La acreditación genera
una autointerpelación,
un autoanálisis”.
Por su parte, Felipe Portocarrero, rector de la Universidad del Pacífico, cree que la acreditación se hace vital para diferenciar el trigo de la paja en la mayor oferta educativa. "La masificación ha tenido, por un lado, un efecto positivo, porque ha democratizado la educación. Ya no es un grupo selecto de universidades de clase media o alta las que tienen acceso a la educación. El gran problema es que las mayores oportunidades no están yendo de la mano con la calidad en la formación de los alumnos", dice.
Para Carmen Rosa Graham, ex rectora de la Universidad del Pacífico, si la acreditación nacional sigue con su retraso y no apunta a la acreditación de la universidad como conjunto, y no sólo por carreras, "serán las acreditaciones internacionales las que vendrán en su reemplazo", dice.
Rodolfo Cremer, vicerrector de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), afirma que su casa de estudios está en proceso de acreditación. "Todas las universidades estamos en ese proceso, pero eso no significa que solo por ello estemos haciendo las cosas bien". Entre otras críticas, Cremer cuestiona que lo que mide el Coneau "es demasiado, son cientos de indicadores, algunos muy importantes, pero otros no agregan valor". En cambio (y en ausencia de sistemas comunes), la UPC utiliza los criterios de Laureate International, la gran corporación de universidades a la que pertenece, junto a otras 40 casas de estudios alrededor del mundo, que -bajo una estricta inspiración empresarial- provee de indicadores tales como recomendabilidad de la universidad, o empleabilidad tras el egreso.
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