Por Jorge Mori (*)
Los lamentables hechos ocurridos en Huancavelica han puesto en agenda nuevamente las deficiencias de nuestro actual sistema universitario público para afrontar las demandas de la población a acceder a una educación superior de calidad y que contribuya al desarrollo del país.
El contexto que vivimos ya no está marcado por la carencia económica, sino por el cómo hacer más y mejor con el dinero que ya tenemos. Del 2000 al 2011 las universidades públicas han aumentado su presupuesto total disponible en 160%, incremento que tiene como origen principal el canon minero. Sin embargo, solo en el 2010 las universidades públicas dejaron de gastar S/. 690 millones del dinero que tenían.
Esta nueva crisis obliga a analizar qué se está haciendo y qué otras medidas concretas se pueden plantear de manera conjunta desde diversos sectores sociales para mejorar la competitividad de nuestras universidades públicas. Partimos de una premisa: no todo lo que se hace desde el Estado está mal. Si bien es válida la crítica a congresistas o políticos que crean universidades públicas sin ningún sustento técnico, también debemos identificar y reconocer a funcionarios claves que no solo se preocupan por la correcta gestión de las universidades sino que trabajan arduamente desde diferentes entidades públicas para implementar políticas en beneficio de ellas.
En esa línea, proponemos seis medidas concretas y urgentes para gestionar los actuales conflictos que amenazan hoy a la universidad pública, sin perder la perspectiva de nuestro futuro. Dichas medidas, en algunos casos, están alineadas con el trabajo previo de diversos actores del aparato estatal: 1) Suspender la aprobación de proyectos de ley en el Congreso para la creación de nuevas universidades públicas. Hasta la fecha, existen 12 proyectos de ley presentados por diversas bancadas sin ningún sustento técnico y que pretenden expropiar instalaciones y recursos a otras universidades en funcionamiento. 2) Fortalecer el sistema de evaluación y acreditación de la calidad universitaria. El Consejo Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior Universitaria (Coneau) ha diseñado un sistema de aseguramiento de la calidad con modelos de acreditación universitaria de acuerdo a los más altos estándares internacionales. Lo que falta ahora son recursos para su implementación. Existe un interés del BM para financiar este esfuerzo, pero no ha habido el debido compromiso del actual gobierno para darle realidad al sistema.
3) Implementar el concurso público y criterios meritocráticos para la elección de las autoridades universitarias. Muchos de los conflictos generados se deben a la desconfianza de la población estudiantil hacia sus autoridades. Hoy, un rector sólo necesita cumplir con requisitos formales (como años de docencia) para postular al cargo, dejando de lado criterios meritocráticos elementales (como logros en su trayectoria académica y profesional). 4) Implementar la metodología de presupuesto por resultados. El Ministerio de Economía y Finanzas, la Asamblea Nacional de Rectores y ocho universidades públicas han diseñado un programa que permitirá a las universidades generar indicadores de gestión al momento de formular sus presupuestos anuales a partir del 2012. Se debe hacer seguimiento a este importante esfuerzo que permitirá volver más eficiente el gasto público universitario.
5) Implementar el TUPA estándar para agilizar los trámites burocráticos. La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ha diseñado un Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) estándar para las universidades públicas. Su implementación hará más eficiente la gestión y agilizará los trámites excesivos que muchas veces agobian a los estudiantes y hacen menos competitivas a las universidades. 6) Implementar el Portal de Transparencia Estándar. Este portal ha sido diseñado por la PCM y la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI) para disminuir muchos de los conflictos que se generan en las entidades públicas por la falta de transparencia de las autoridades y puede abrir canales de comunicación y confianza entre los actores de la comunidad universitaria.
Como vemos, esta no es una lista cerrada. Son solo los seis primeros pasos que nos van a permitir no solo gestionar los conflictos sociales actuales, sino también enrumbar nuestros esfuerzos para alcanzar una universidad pública moderna acorde a los desafíos que nos plantea el siglo XXI.
(*) Presidente de ONG Universidad Coherente.
Los lamentables hechos ocurridos en Huancavelica han puesto en agenda nuevamente las deficiencias de nuestro actual sistema universitario público para afrontar las demandas de la población a acceder a una educación superior de calidad y que contribuya al desarrollo del país.
El contexto que vivimos ya no está marcado por la carencia económica, sino por el cómo hacer más y mejor con el dinero que ya tenemos. Del 2000 al 2011 las universidades públicas han aumentado su presupuesto total disponible en 160%, incremento que tiene como origen principal el canon minero. Sin embargo, solo en el 2010 las universidades públicas dejaron de gastar S/. 690 millones del dinero que tenían.
Esta nueva crisis obliga a analizar qué se está haciendo y qué otras medidas concretas se pueden plantear de manera conjunta desde diversos sectores sociales para mejorar la competitividad de nuestras universidades públicas. Partimos de una premisa: no todo lo que se hace desde el Estado está mal. Si bien es válida la crítica a congresistas o políticos que crean universidades públicas sin ningún sustento técnico, también debemos identificar y reconocer a funcionarios claves que no solo se preocupan por la correcta gestión de las universidades sino que trabajan arduamente desde diferentes entidades públicas para implementar políticas en beneficio de ellas.
En esa línea, proponemos seis medidas concretas y urgentes para gestionar los actuales conflictos que amenazan hoy a la universidad pública, sin perder la perspectiva de nuestro futuro. Dichas medidas, en algunos casos, están alineadas con el trabajo previo de diversos actores del aparato estatal: 1) Suspender la aprobación de proyectos de ley en el Congreso para la creación de nuevas universidades públicas. Hasta la fecha, existen 12 proyectos de ley presentados por diversas bancadas sin ningún sustento técnico y que pretenden expropiar instalaciones y recursos a otras universidades en funcionamiento. 2) Fortalecer el sistema de evaluación y acreditación de la calidad universitaria. El Consejo Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior Universitaria (Coneau) ha diseñado un sistema de aseguramiento de la calidad con modelos de acreditación universitaria de acuerdo a los más altos estándares internacionales. Lo que falta ahora son recursos para su implementación. Existe un interés del BM para financiar este esfuerzo, pero no ha habido el debido compromiso del actual gobierno para darle realidad al sistema.
3) Implementar el concurso público y criterios meritocráticos para la elección de las autoridades universitarias. Muchos de los conflictos generados se deben a la desconfianza de la población estudiantil hacia sus autoridades. Hoy, un rector sólo necesita cumplir con requisitos formales (como años de docencia) para postular al cargo, dejando de lado criterios meritocráticos elementales (como logros en su trayectoria académica y profesional). 4) Implementar la metodología de presupuesto por resultados. El Ministerio de Economía y Finanzas, la Asamblea Nacional de Rectores y ocho universidades públicas han diseñado un programa que permitirá a las universidades generar indicadores de gestión al momento de formular sus presupuestos anuales a partir del 2012. Se debe hacer seguimiento a este importante esfuerzo que permitirá volver más eficiente el gasto público universitario.
5) Implementar el TUPA estándar para agilizar los trámites burocráticos. La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ha diseñado un Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) estándar para las universidades públicas. Su implementación hará más eficiente la gestión y agilizará los trámites excesivos que muchas veces agobian a los estudiantes y hacen menos competitivas a las universidades. 6) Implementar el Portal de Transparencia Estándar. Este portal ha sido diseñado por la PCM y la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI) para disminuir muchos de los conflictos que se generan en las entidades públicas por la falta de transparencia de las autoridades y puede abrir canales de comunicación y confianza entre los actores de la comunidad universitaria.
Como vemos, esta no es una lista cerrada. Son solo los seis primeros pasos que nos van a permitir no solo gestionar los conflictos sociales actuales, sino también enrumbar nuestros esfuerzos para alcanzar una universidad pública moderna acorde a los desafíos que nos plantea el siglo XXI.
(*) Presidente de ONG Universidad Coherente.
1 comentario:
y en el tema de la corrupción sería interesante implementar la Defensoría del Estudiante Universitario para reducir las malas prácticas docentes. Asimismo realizar una imparcial evaluación de Ratificación de los docentes
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