La Asamblea aprobó el Proyecto de Ley Orgánica de Extinción de las Universidades y Escuelas Politécnicas suspendidas por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Ceaaces) y Mecanismos para Asegurar la Eficiencia en la Distribución y Uso de Recursos Públicos en el Sistema de Educación Superior.
Alrededor de 38 mil estudiantes fueron afectados por el cierre de las universidades y, según Raúl Abad, presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, alrededor de 20 mil universitarios terminaron ya sus carreras a través del denominado Plan de Contingencia.
Esta normativa se trató en segundo debate desde el mediodía del martes 13 de diciembre de 2016. La votación finalizó pasadas las 15:00. El Pleno de la Asamblea había procedido a declarar extinguidos los proyectos de creación de 13 de las 14 universidades que en el 2012 fueron suspendidas por no ofrecer la calidad educativa.
Sobre el patrimonio de estos centros, en la ley se establece que se constituirá un fideicomiso mercantil, en un plazo máximo de 45 días, a partir de la publicación de la normativa en el Registro Oficial. Los activos de los centros se usarán para pagar los pasivos a favor de trabajadores, del sector público, y las acreencias y transferir en caso de que hubiera excedentes a favor de instituciones beneficiarias.
Luis Fernando Torres, legislador del Partido Social Cristiano y Cambio, apuntó que con el cierre se vulneró el derecho al debido proceso. Reiteró que el paso previo al cierre era la intervención, “si tan malas eran las universidades, por qué no se siguió un proceso”.
“Nadie está detrás de los estudiantes marcando la carrera, pero debemos entender que existen cupos, por eso deben ser los mejores puntajes los que entren en esas carreras. A las universidades se les dio un plazo desde 2008 a 2012 para que mejoren la calidad y no hicieron nada. El Plan de Contingencias fue de inmediato. Las educación no es de lucro. El fideicomiso es para pagar las deudas pendientes de las universidades cerradas”, dijo Abad.
Abad descartó que la Ley apunte a perjudicar a universidades como la Flacso o la Andina.
Fuente: http://laconversacion.net/
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