El primer paso para adecuarse a la Ley Universitaria era cambiar a los rectores, vicerrectores y decanos de las universidades públicas que fueron elegidos con la antigua norma. En medio de conflictos, estas nuevas autoridades asumieron sus cargos, pero ahora advierten otras dificultades para continuar con el cumplimiento de la ley. La principal está vinculada con la falta de financiamiento.
La demanda de ampliación de recursos para cumplir con las exigencias de la norma la comparten al menos los rectores de 11 casas de estudios públicas, elegidos a través del voto universal y que permanecerán en su cargo durante 5 años.
Este grupo, además, propone la implementación de la Asociación Nacional de Universidades del Perú (ANUP), integrada –inicialmente– por San Antonio Abad del Cusco, San Cristóbal de Huamanga, la de Huancavelica, la de Ingeniería (UNI), la del Centro, la del Altiplano, Jorge Basadre Grohmann de Tacna, la de Trujillo, la de Arequipa (UNSA). También, Pedro Ruiz Gallo y Daniel Alcides Carrión de Pasco.
Hay que precisar que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos comparte estos problemas, mas no forma parte de la ANUP debido a que aún es gobernada por una autoridad interina. El 3 de abril elegirá a su Asamblea Estatutaria.
"Se requiere lograr el financiamiento de la Ley Universitaria, lo cual incluye la homologación del salario docente (con el de los magistrados del Poder Judicial), la incorporación del maestro investigador, servicios sociales y otros", dijo el rector de la universidad San Cristóbal de Huamanga, Homero Ango.
La Ley N° 30220 también obliga a que las universidades nacionales pasen por una evaluación de las condiciones básicas (licenciamiento) como infraestructura, equipamiento adecuado y una plana docente donde el 25% sea a tiempo completo. De no hacerlo, ni subsanar observaciones, podrían ser sancionadas incluso con el cierre de la institución.
"El gobierno busca la calidad, pero también debe cumplir su rol. Identificamos las necesidades y hay una brecha que se cubrirá con financiamiento. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) nos ha cerrado las puertas. Ahora el riesgo es no cumplir con los requisitos de la Ley Universitaria", manifestó el rector de la universidad Daniel Alcides Carrión de Pasco, Felipe Yali, durante la primera reunión de la ANUP, en la Casona de San Marcos del Centro de Lima.
El rector de la San Antonio Abad, Baltazar Cáceres, afirmó que el financiamiento de la ley también involucra la mejora en las condiciones laborales de los docentes. "Hay profesores contratados a tiempo parcial que solo reciben 450 soles al mes. Con eso no pueden vivir. Trabajan unas horas y luego se desentienden de la actividad académica", sostuvo.
El rector de la universidad de Huancavelica, Nicasio Valencia, indicó que el presupuesto que recibe su casa de estudios se mantiene desde el 2013. "Hay carreras que son de cuatro años, pero no tienen profesores de especialidad ante la falta de recursos". En tanto, su colega de la Jorge Basadre, Adilio Portella, pidió mayor financiamiento para el pago a los docentes cesados que han ganado juicios.
Por su parte, el ministro de Educación, Jaime Saavedra, respaldó la creación de la ANUP y calificó de "desafío" la asignación de más recursos a las universidades públicas. "Se han iniciado acciones con Concytec, financiado círculos de investigación...", dijo. Además, hizo referencia a la Beca Catedrático que, en una primera etapa, beneficia a 500 maestros, quienes obtendrán maestrías como exige la ley.
Otras medidas para la reforma
El director de Educación Superior Universitaria del Minedu, Juan Trelles, detalló que este año firmarán convenios de gestión por resultados con 10 de las 12 universidades públicas más antiguas. "Vamos a distribuir 80 millones de soles entre ellas, en función de indicadores vinculados con la ejecución, matrícula, canon...". Explicó que la resistencia a la adecuación dificultó articular medidas con las instituciones.
El Minedu suscribió ayer un acuerdo con el Consejo Superior de Evaluación de la Investigación de Francia.
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