Hoy se conocería decisión. Minedu dice que se adecuará a las recomendaciones específicas del Tribunal Constitucional. Sin embargo, confía en que no se cuestionará la legalidad de toda la norma. Asup sostiene que viola la autonomía universitaria.
Escribe:
Milagros Berríos
Incertidumbre. Eso genera el inminente fallo del Tribunal Constitucional (TC) sobre la demanda de inconstitucionalidad en contra de la nueva Ley Universitaria, cuya implementación ya significa la renovación de las autoridades y de los estatutos en las instituciones educativas públicas y privadas.
Esta demanda, admitida en agosto del 2014, fue interpuesta por el 25% de congresistas, representados por Martha Chávez (Fuerza Popular). A ese expediente se sumaron otros tres de Colegios de Abogados.
Según adelantaron fuentes del TC, la sentencia ya está lista; sin embargo, la demora en su publicación respondía a que uno de los siete magistrados aún no sustentaba su voto. El resto tendría opiniones divididas: tres estarían a favor de la constitucionalidad de la ley y otros tres, en contra. En ese escenario, quien decidiría el futuro de la Ley Universitaria sería su titular, Óscar Urviola.
Finalmente, hoy se conocería la posición del TC y los cambios a los que –eventualmente– se sometería la norma vigente. El fallo ya sería publicado.
En el marco de la mencionada demanda, el principal punto de conflicto es la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).
Según el Ministerio de Educación (Minedu), este organismo es uno de los elementos fundamentales para la implementación de la reforma en el sector. Mientras que para la Asociación de Universidades del Perú (Asup), ente crítico de la norma, este representa una violación de la autonomía universitaria.
"Tenemos la confianza de que el TC y sus discusiones van a confirmar la constitucionalidad de la ley. Pueden haber aspectos puntuales que mencione a fin de corregirlos y serán bienvenidos (...). Preocupa que aún no tengamos un fallo", indicaba hasta ayer el ministro de Educación, Jaime Saavedra.
El funcionario no descartó la posibilidad de aplicar ciertas medidas si la sentencia resulta desfavorable; sin embargo, aseveró que estas se determinarán en su momento y dependerán del contenido del documento. "Si hubiera algo inesperado, en verdad, el problema no será del Minedu, sino más bien de todo el país. Sería un retroceso grande en la mejora de la calidad universitaria", agregó Saavedra a La República.
Consecuencias
A la fecha, casi el 90% de universidades públicas ha culminado con la elaboración de estatutos, que son los reglamentos con los que se adecúan a la nueva ley. Solo 5 de 31 cuentan con todas las autoridades electas y otras 14 están en proceso.
Pero, ¿qué pasaría si el resultado no favorece a dicha ley? El director de Educación Superior Universitaria del Minedu, Juan Antonio Trelles, precisó que si el Tribunal Constitucional no les da la razón, contravendría una de sus sentencias (0017-2008-PI/TC), la cual dispone la creación de una superintendencia altamente especializada que se encargue de evaluar a todas las universidades del país. "Supondría un probable desgobierno de las universidades que ya se han adecuado a la norma. El Estado perdería la posibilidad de recuperar su rol rector en la materia", sostuvo el funcionario.
El congresista Daniel Mora, promotor de la Ley Universitaria, consideró que si el TC determina el cierre de la Sunedu, ello representaría la caída de todo el esquema de la norma. A su vez, estimó cuál sería la situación de aquellos rectores elegidos en el marco de la nueva ley. "No se puede especular, pero por la autonomía que gozan podrían quedarse en sus cargos", explicó.
Rechazo a la Sunedu
Otra es la posición de la Asup, que agrupa a 64 casas de estudios. Su directora ejecutiva, Ada Gallegos, consideró que la Ley Universitaria debería declararse inconstitucional. "Una norma que trae tantos conflictos y contradicciones resulta inviable. Si una ley necesita ser aclarada a través de comunicados, como lo ha hecho la Sunedu, tiene inconsistencias", detalló. A su vez, ratificó que la existencia de esta superintendencia resulta inconstitucional debido a que "intenta tener competencias que vulneran la ley", como la aprobación de programas de estudio, lo cual violaría la autonomía académica.
Lo cierto es que en poco tiempo se conocerá qué cambia o qué se mantiene en la denominada reforma universitaria.
Fuente: La Republica
No hay comentarios:
Publicar un comentario