Por Engels Ortiz Samanamud
Como se conoce, la actual ley
universitaria 30220, fue aprobada en julio del 2014, y a los días siguientes de
su publicación en El Peruano, se interpusieron acciones de inconstitucionalidad
por parte de la bancada fujimorista, el Colegio de Abogados y la fenecida
Asamblea Nacional de Rectores, dichas acciones aducían que se estaba vulnerando
la autonomía universitaria.
Prácticamente ha transcurrido casi año y
medio para que el TC se pronuncie declarando la constitucionalidad de la ley.
Sin embargo, como bien señaló el presidente Urviola, la ley 30220, estaba en
plena vigencia y por ende tenían todas las autoridades y funcionarios la
obligación de acatarla.
En ese escenario, diversas universidades
públicas y privadas, iniciaron sus debidos procesos de adecuación que pasaba en
el caso de las públicas por la constitución de un comité electoral autónomo,
elecciones para elegir una asamblea estatutaria, aprobación de nuevos estatutos
y finalmente la elección de nuevas autoridades.
Empero, el rector sanmarquino, Pedro
Cotillo, inició una serie de acciones al interior de la UNMSM para impedir todo
el proceso de adecuación al no dar las facilidades presupuestarias y finalmente
derivar en la renuncia del comité electoral, todo ello, dentro de su posición
contraria a la ley universitaria desde antes que se diera su aprobación tal
como lo ha señalado el congresista Daniel Mora.
Si algo de criterio le queda al rector
Cotillo debería de renunciar, y quién asuma el rectorado interino de la UNMSM,
iniciar con transparencia y la mayor participación de la comunidad sanmarquina
todo el proceso de adecuación a la ley universitaria, que tiene por objetivo
principal la mejora de la calidad del sistema universitario.
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