Milagros Berríos
Ninguna universidad peruana figura entre las 500 mejores del mundo, según el QS World University Rankings 2013. En cuatro años, todas las casas de estudios nacionales produjeron 4.311 revistas especializadas. Sin embargo, en ese mismo periodo, solo la Universidad de Chile llegó a publicar el doble.
Hace poco más de dos semanas, la Ley Universitaria cumplió un año de promulgada. Sus disposiciones incluyen la promoción de la investigación a través de fondos vinculados al desempeño, así como proyectos en gestión, ciencias y tecnología. Así, esta norma –según sus promotores– apuntaba a convertirse en el primer hito en la reforma de la educación superior e, incluso, de la gestión del presidente Ollanta Humala en materia educativa.
Pero, ¿qué se ha avanzado? Desde julio del 2014 hasta este año, se efectuó el cierre de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), la designación como superintendenta de Lorena Masías Quiroga y la elección del Consejo Directivo. Esto último se realizó en mayo.
En el marco de la norma vigente, se inició la implementación de la primera disposición complementaria transitoria, que incluía el cambio de rectores, vicerrectores y decanos, así como la aprobación de estatutos en las 31 universidades públicas institucionalizadas (con autorización definitiva).
En el caso de las universidades privadas, la ley dispone la adecuación de los estatutos, lo cual debería darse en un plazo máximo de 90 días desde la entrada en vigencia de la norma.
Y si bien la resistencia a la ley por parte de un sector de estudiantes y de autoridades se observó apenas se debatía la iniciativa legislativa, en esa etapa, el rechazo se agudizó.
De acuerdo al último balance de la Sunedu, ocho universidades públicas autorizadas cumplieron con la elección, parcial o total, de sus autoridades y modificaron sus estatutos. Entre ellas se encuentran la Universidad Nacional Amazónica Madre de Dios, la de San Martín y la Santiago Antúnez de Mayolo.
Otras ocho adecuarán sus estatutos y cronogramas hasta octubre próximo y cinco lo deberán hacer a partir de noviembre, según lo previsto. Entre estas últimas están la Universidad Federico Villarreal, Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta), así como la de Tumbes o la Pedro Ruiz Gallo.
Pese a ello, esta última institución está envuelta en una denuncia por peculado, "planillas doradas" y la elaboración masiva de tesis. La Fiscalía formalizó el pedido de 18 meses de prisión preventiva contra cuatro catedráticos y el rector Agustín Ramos sigue prófugo.
Ahora bien, además de las instituciones ya mencionadas existen otras con mayores retrasos. La Universidad Micaela Bastidas, de Apurímac, adecuó sus estatutos, pero no cuenta con cronograma de elecciones por impedimento judicial; mientras que la universidad Hermilio Valdizán, de Huánuco, tiene problemas internos.
En tanto, otras ocho han sido calificadas como "rebeldes a lo dispuesto en la ley": San Agustín (Arequipa), San Antonio Abad (Cusco), Jorge Basadre (Tacna), San Luis Gonzaga (Ica), la del Santa (Áncash), así como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima), la de Ucayali y la del Callao.
Mientras estas universidades no implementen por completo la primera disposición transitoria de la ley, están prohibidas de nombrar, ascender o ratificar a personal docente y no docente. Tampoco pueden acceder a fondos concursables del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec).
Según el vicepresidente de la Asociación de Universidades del Perú (ASUP), Iván Rodríguez, este retraso responde a que cada universidad "tiene su ritmo y la ley invita a que la renovación de autoridades se ejecute antes de que concluya su mandato". En esa línea, el último rector que dejaría su cargo sería Roberto Mosqueira de la Universidad de Cajamarca. Lo haría recién el 2019, una vez vencido su plazo de cinco años.
Precisamente, este punto generó conflictos: los plazos. Por un lado, el Consejo Directivo de la Sunedu, el 22 de junio, estableció como fecha límite para ejecutar los cambios el 31 de diciembre del 2015. De no hacerlo, las universidades recibirían sanciones monetarias y hasta habrá denuncias penales contra los responsables.
No obstante, el establecer una fecha resultó ser una medida "arbitraria e ilegal" al no estar incluida expresamente en la ley, según Pedro Cotillo, rector de la UNMSM y presidente de la ASUP, que agrupa a 64 universidades y que se constituyó en setiembre del 2014.
En tanto, ¿qué sucede con las privadas? De acuerdo al último informe remitido por estas instituciones a la Sunedu, el 80% ha cumplido y 10 casas de estudios aún no elaboran sus estatutos. Entre ellas están la Universidad Peruana de Ciencias e Informática; la Universidad de Piura; la Universidad Privada Señor de Sipán; la Universidad Privada Telesup; la Universidad Particular de Chiclayo y la Católica San Pablo. Otras como Norbert Wiener y la Continental no informan sobre sus avances.
No hay sanciones
Entre las principales medidas que debe implementar la Sunedu están los reglamentos que orienten su operación: el de organización, el de sanciones e infracciones, así como el de condiciones básicas. Este último hace referencia a uno de los procesos fundamentales para asegurar la calidad: el licenciamiento, a través del cual se establece y verifica la existencia de estándares para el funcionamiento del servicio.
El licenciamiento permite determinar si las universidades tienen recursos, infraestructura, bibliotecas o si, por el contrario, están encima de restaurantes, centros comerciales y carecen del equipamiento que motivó la discusión durante el debate de la ley. De incumplir con los requisitos, se aplicarán sanciones que incluyen el cierre de la institución.
El titular de la Dirección General de Educación Superior Universitaria del Minedu, Juan Antonio Trelles, considera que si bien se esperaba que las condiciones básicas de licenciamiento estén listas más pronto, el proceso resulta ser complejo. "Al establecer las condiciones básicas de licenciamiento podríamos haber empezado a supervisar, a través de la Sunedu, algunas universidades, ver si ofrecen el servicio y determinar si pueden permanecer o no", sostiene el funcionario.
En mayo pasado, la titular de la Sunedu, Lorena Masías, indicó que la primera propuesta del reglamento estaría lista en julio. Consultada, ahora, sobre ello, la superintendenta ratifica que el documento está demorando más de lo previsto debido a su complejidad. "Estamos teniendo particular cuidado en definir estándares, criterios e indicadores para no quedarnos en un nivel abstracto y que se pueda aplicar la norma".
Este reglamento estaría listo la segunda quincena de agosto. Luego se definirá su implementación para la evaluación de las condiciones básicas, en primer momento, de las universidades públicas con autorización provisional.
Sunedu en cuestión
Al respecto, Iván Rodríguez, también rector de la Universidad Particular Ricardo Palma, considera que esta situación evidencia que la demora en la adecuación no solo se da en las universidades, sino también en la Sunedu. "La misma superintendencia no tiene todos los instrumentos como para estar dando las pautas a fin de que las instituciones cumplan con la implementación. Falta la construcción de estándares, reglamentos, lo están sacando por partes", dice.
Masías agrega que mientras se termine el reglamento de estándares básicos, se aplicará el de infraestructura inmobiliaria, el cual estará listo la primera quincena de agosto. Allí se comenzarán las evaluaciones en cinco universidades.
Según prevé la Sunedu, en cinco años todas las universidades contarán con los estándares básicos de calidad.
Entre los documentos ya concluidos están la guía para la adecuación de gobiernos en las universidades públicas. Aquellas que incumplan con este proceso o con el de licenciamiento recibirán sanciones y para eso también se necesita un reglamento, el cual estará listo en dos semanas.
LO QUE SE ESPERA
Para el director general del Instituto de Estudios Peruanos y miembro del Consejo Nacional de Educación, Ricardo Cuenca, hasta el momento se ha ejecutado lo contemplado en la ley para esta primera etapa. "Ahora, lo que resta es consolidar la ley y terminar la adecuación, porque es inadmisible que universidades como San Marcos no la acaten. Además se deberían estar haciendo los primeros licenciamientos y ojalá el sistema de acreditación ya esté reformado", refiere.
Por su parte, Octavio Sifuentes, de la Federación Nacional de Docentes Universitarios, considera que también quedaría pendiente la mejora remunerativa, orientada básicamente a la homologación de sus salarios con los de los magistrados. "Entendemos que el Gobierno no puede pagar de golpe, pero puede darse por etapas. Exigimos que esté en el mensaje presidencial, afirma.
La ley otorga cinco años para que los catedráticos se adecúen a medidas como la obtención de maestrías. Sobre ello, Trelles adelantó que entre octubre y noviembre se lanzará la convocatoria a 900 becas "Catedrático" para estudios de posgrado. "Lo concentraremos en las 12 universidades públicas más emblemáticas, con más usuarios", adelanta.
Si la Ley Universitaria generó debate, ahora vienen nuevas discusiones en torno a los proyectos para crear el Consejo Peruano de Acreditación de la Educación Superior (Copaes) y la reforma de los institutos.❧
FUENTE: LA REPUBLICA
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