El presidente de la Comisión de Educación y Deportes del Congreso, Daniel Mora, sostuvo que al menos 20 rectores de universidades
públicas deberían ser denunciados penalmente por desacatar la Ley
Universitaria, aferrandose a sus cargos.
En conferencia de prensa, el
legislador instó al Ministerio Público para que actúe de oficio, así como a los
procuradores de la Superintendencia
Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) y del Ministerio de Educación (Minedu)
para que procedan a denunciar a esos rectores que infringen la ley.
"Deploramos la actitud que han
tomado los rectores de algunas universidades públicas de no acatar la Ley
Universitaria. Con el pretexto de que quieren hacer surgir su universidad se
pretenden quedar en el cargo. Esa
rebeldía debe ser sancionada con acusaciones penales",
manifestó.
Señaló que entre los rectores
infractores figuran, por ejemplo, el de las universidades Mayor de San Marcos y Federico Villarreal (Lima), y Micaela Bastidas (Apurímac),
que -según afirmó- siguen en sus cargos únicamente por no perder el control de
los ingresos que administran.
Mora Zevallos refirió que estas
autoridades manejan ingentes recursos procedentes del canon y de ingresos
propios, lo cual les permite autoasignarse bonificaciones por conceptos como
"organización del proceso de admisión", "academia
preuniversitaria", "diplomados", "escuela de
posgrado", así como por la administración de empresas universitarias de
cuyos directorios forman parte.
Recibe respaldo de catedráticos
Mora Zevallos estuvo acompañado de
representantes de la Federación de
Docentes de las Universidades Peruanas, quienes denunciaron públicamente
a los rectores que buscan por todos los medios de permanecer en sus cargos y
que llegan incluso a hostigar a los catedráticos que les exigen cumplir la Ley
Universitaria.
Señalaron que, al desacatar la
norma, estos rectores impiden que
los catedráticos accedan a ratificaciones o sean promovidos a
cargos según su nivel de preparación y, al no promover la investigación como
manda la ley, dificultan el acceso a fondos concursables.
"Al incumplir la Ley
Universitaria, las firmas de estas autoridades y de los funcionarios que
respaldan carecen de valor legal, por lo que no se puede realizar ningún
trámite que luego será observado por la Sunedu", indicaron.
El dato
El próximo 10 de julio se cumplirá un
año de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria.
Hasta ahora, de las 31 universidades
públicas autorizadas, solo ocho o diez han aprobado nuevos estatutos y elegido
nuevos rectores y vicerrectores. (Con información de Andina)
Fuente: La Republica
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