En los últimos tiempos, son varias y de muy distinto signo las voces que se han elevado para decir que el sistema universitario español «no es sostenible». Que supone una «ecuación imposible». O, incluso, que España tiene «demasiadas» universidades, tal y como apuntó el propio Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, hace sólo unas semanas.
Con la intención principal de ahorrar costes y hacer sus estructuras mucho más flexibles, la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona (UPF), la de Barcelona (UB) o la de Alcalá (UAH) -que abrió la veda hace un par de cursos-, se han lanzado a la piscina y han decidido fusionar algunas de sus facultades y reducir sustancialmente el número de departamentos que tenían hasta la fecha, haciendo uso de su propia autonomía.
La UPF, por ejemplo, aprobó el pasado mes de diciembre pasar de 16 facultades y tres institutos a sólo ocho unidades de coordinación académica (UCA) -así han denominado a estas nuevas estructuras integrales-.
«Creemos que el modelo matricial de la LOU ha quedado claramente desequilibrado con el paso del tiempo. En él, departamentos y facultades tienen funciones distintas. Además, se suele priorizar la investigación y descuidar la docencia», explica Carles Ramió, vicerrector de Planificación y Evaluación Institucional. «Para evitar esta situación, hemos creado una única instancia -las UCA-, que atiende y tiene responsabilidad absoluta en los dos ámbitos», añade.
El cambio pretende, además, hacer una universidad más gobernable y revisar todo un conjunto de cargos que «no tenían funciones sustantivas», en palabras del vicerrector. «Había vicedecanos que ocupaban una cartera que había perdido su razón de ser», señala Ramió, que estima que se ahorrará alrededor de un 20% en cargos tras la supresión de los mismos.
Hasta la fecha, de los 350 profesores permanentes que tiene la UPF, 150 ocupaban cargos de responsabilidad. La intención es que, cuando se implemente definitivamente la reforma, queden poco más de una centena en estos puestos.
Además, la dirección de las UCA será asumida bien por el actual director del departamento, bien por el decano de la facultad, que también se integrarán como miembros del Consejo de Dirección de la Universidad. «Nuestra intención es que no exista un desacople entre el poder central -ejercido por el rectorado- y el poder periférico -ejercido hasta ahora por departamentos y facultades-», subraya el responsable.
Ahora bien, las reformas emprendidas por la UPFse han podido llevar a cabo, tal y como reconoce Ramió, gracias a la particular idiosincrasia de la institución (tiene sólo 25 años de historia y alrededor de 12.000 alumnos matriculados).
La UB también se atreve
Totems como la Universidad Complutense de Madrid o la Universidad de Barcelona, con cientos de años de historia, lo tienen mucho más difícil. Que un equipo rectoral se anime a tomar decisiones de esta trascendencia, en la que algunos actores de la comunidad universitaria pierden su parcela de poder, es complicado. Más aún si tenemos en cuenta que el sistema de gobierno universitario en España está montado para que el rector sea elegido por los propios miembros de la institución.
Aun así, la Universidad de Barcelona, como ya lo hiciera la de Alcalá, es otra de las instituciones que, tras un tiempo de análisis, se ha atrevido a reformar sus estructuras académicas y administrativas.
El Consejo de Gobierno aprobó el 20 de abril pasar de 18 facultades y una escuela a 10 centros. Pero no sólo eso. De los 106 departamentos que tiene la UB, apenas quedarán unos 50 una vez que se haya implantado definitivamente la reforma.
«Tenemos unas estructuras académicas y administrativas que se diseñaron hace más de 10 años. No podemos vivir de espaldas a la realidad. Y la realidad es que las universidades de nuestro entorno, aunque muy heterogéneas entre sí, están afrontando estos cambios», señala David Vallespín, delegado para la Gobernanza de la UB.
La institución ha cuantificado en tres categorías el impacto de la reforma. La primera es la de impacto científico-académico, que les permitirá ofrecer titulaciones «transversales, interdisciplinares y más atractivas».
La segunda tiene que ver con el impacto social. Los responsables de la universidad pretenden reinvertir el beneficio del modelo en un incremento de becas y ayudas para estudiantes, «complementar la formación especializada y fomentar cierta promoción dentro del personal de administración y servicios» y diseñar una «carrera profesional y académica entre el profesorado vinculada también a la promoción y la formación».
La tercer categoría está directamente vinculada a 'la pela'. Según Vallespín, esta reforma supondrá un beneficio neto anual de unos cinco millones de euros. Así, estiman que el ahorro por la reducción de cargos será de 500.000 euros por año.
Una cifra nada desdeñable en época de vacas flacas, aunque menor que la de la UAH, la primera universidad en lanzarse a la piscina. Ésta, en el curso 2012-2013, pasó de 18 a nueve centros y de 43 departamentos a 23, con un ahorro por los sueldos de nueve equipos decanales y otros cargos que se suprimieron que ronda los 1,2 millones de euros al año.
Fuente. http://www.elmundo.es/
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