Por Engels Ortiz Samanamud
No tengo la menor duda, de que
hay rectores y exrectores con reconocida trayectoria académica y profesional,
que de manera principista defienden la autonomía universitaria, entendida ella,
como el espacio de plena libertad -pero enmarcada dentro de las leyes que nos
rigen- para un ejercicio de la vida universitaria sin injerencias políticas del
cualquier gobierno de turno.
Sin embargo, es evidente que la
mayoría de rectores, algunos abiertamente y otros solapadamente, están defendiendo sus intereses económicos,
por un lado lo de las universidades con fines de lucro les aterra perder su
gran negocio, y, del lado de los rectores de estatales, les quita
el sueño el perder el clientelismo que les permite medrar de sus recursos.
Ahora vemos al excongresista,
Antero Florez Araoz, que se desempeña como abogado de las universidades
privadas agrupadas en la llamada FIPES junto con el rector de la UTP, Luis Bedoya, que a su
vez es primer vicepresidente de la ANR, paseándose por los medios y reconociendo
de manera celestina que el sistema está mal, pero, mejor y nos dicen dejémoslo
ahí que solito se arregle.
Quizás los sancochados que
degustan los rectores los jueves en un local de la UTP lo tienen empachado a
Florez Araoz, al punto que defiende lo indefendible.
La Comisión de Educación del Congreso
aprobó la creación de la Superintendencia de Universidades cuya conformación
seria de 3 representantes de 8 universidades estatales más antiguas, 3 representantes
de 8 universidades privadas más antiguas, 1 representante del Minedu, 1 del
Concytec (su presidente), 1 del Centro de Planificación Nacional (Ceplan), 1 de
los Colegios Profesionales y 1 de la Confiep.
El punto que se puede considerar
como un intervencionismo, es que este organismo llamado SUNAUS, estaría adscripto
al Ministerio de Educación, y, es ahí, que la comisión puede corregir ello, y
más bien, considerarlo como un ente autónomo, en la que sus representantes son
elegidos por las respectivas instituciones convocadas.
Se supone que los rectores que
han salido a los medios a rechazar este organismo que reemplazaría a la ANR,
tienen grado de doctor, pero, parece que no saben sumar, puesto que en esta
conformación son las universidades las que tienen más representantes.
También cuestionan la presencia
de entes extraños, y, que pueden tener de extraños el Concytec, el Ceplan, los
Colegios Profesionales y la Confiep para las universidades. Acaso no queremos
que el Estado, la Academia y el Sector Empresarial se vinculen en una alianza
institucional y juntos contribuyan a una universidad peruana de calidad y, por ende, al desarrollo sostenible del país.
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