Educación hongueada

Editorial

 

El proyecto de ley universitaria amenaza con acabar con la libertad, pluralidad y competencia del sistema universitario.

 

Todo padre de familia sueña con que sus hijos puedan elegir entre la mayor cantidad de posibilidades para seguir estudios universitarios. Estos legítimos sueños, sin embargo, podrían nunca convertirse en realidad, pues, aunque suene paradójico, la Comisión de Educación del Congreso parece estar decidida a frustrarlos.

Esta comisión está preparando un proyecto de ley universitaria que, tal como está formulado, busca recortar severamente la autonomía de las universidades para definir su organización y política educativa, y entregar al gobierno un enorme poder para rediseñar estas instituciones a su antojo.

Si se aprobara el proyecto, por ejemplo, el gobierno podría denegar la autorización para crear universidades que no guarden “conveniencia y pertinencia con las políticas nacionales y regionales de educación universitaria”. Esto es un eufemismo que, por la ambigüedad de la redacción del proyecto de ley, se podría traducir en “el gobierno autorizará el funcionamiento de las universidades que le dé la gana al funcionario de turno”. Y ello –fuera de la corrupción que podría generar– llevaría a que no surja la pluralidad de oferta educativa que demandan los alumnos, sino solo el modelo de universidad que desea la burocracia.

De aprobarse el proyecto de ley, además, el Estado podría intervenir en las universidades ya existentes de múltiples maneras. Los procesos de admisión serían estandarizados por el gobierno, que incluso definiría las fechas en que serían administrados. El Estado, asimismo, establecería arbitrariamente qué podría enseñar cada institución y bajo qué metodologías, pues los currículos tendrían que ser aprobados “de acuerdo a las necesidades nacionales y regionales”. En tanto, los dueños de las universidades privadas no tendrían libertad para elegir a las autoridades que les permitan ofrecer un mejor servicio ni para renovar por un período consecutivo el mandato de rectores y vicerrectores que hayan hecho un estupendo trabajo. Por otro lado, se forzaría a las universidades a que el 30% de su plana docente sea a tiempo completo, desconociendo que en muchas de las mejores universidades del país los docentes más destacados suelen elegir dedicarse al dictado solo a tiempo parcial.

El proyecto de ley también quiere obligar a las universidades a dar a los docentes el privilegio de un año sabático por cada siete años trabajados, así como dos meses de vacaciones anuales, como si ese esquema fuese conveniente y sostenible para todas las instituciones. Asimismo, el proyecto quiere que por ley se establezca el porcentaje mínimo del presupuesto anual que las universidades privadas deben invertir en investigación y que el Estado pueda intervenir en los convenios que las universidades celebren con entidades internacionales. Y, solo por citar un último caso de intervencionismo, el proyecto obligaría a que en las universidades privadas se cree una “asamblea estatutaria” que redacte nuevos estatutos, cambiando aquellos establecidos por sus fundadores (y por lo tanto su actual organización y visión de la enseñanza).

Es innegable que nuestro sistema universitario tiene mucho por mejorar, pero difícilmente la solución a sus problemas está en el desafortunado proyecto de ley imaginado por la Comisión de Educación. Primero, porque de poco serviría que el Estado, que ha fracasado estrepitosamente en administrar la educación en todos los otros niveles, sea quien controle las universidades. ¿Cómo podría mejorar la enseñanza universitaria quien sale jalado todos los años en gestión de la educación primaria y secundaria?

En segundo lugar, porque un servicio no mejora si el Estado estandariza su prestación. Ello solo terminaría con la pluralidad de la oferta y con la competencia, impidiendo que las universidades reflejen distintas visiones del conocimiento y restringiendo la posibilidad de que compitan ofreciendo modelos diferentes que satisfagan las necesidades de alumnos distintos.

Lo que se necesita para mejorar la educación, por el contrario, es más competencia y que se creen mecanismos para que los alumnos estén mejor informados acerca de la institución y la carrera que eligen. Según el presidente de la Comisión de Educación, sin embargo, sería necesario aprobar la propuesta porque en los últimos tiempos las universidades han surgido como “hongos”. Curioso argumento pues, si algo suele honguear cualquier servicio, es encargar su gestión estandarizada a la burocracia.

 

Fuente: El Comercio