Una nueva ley universitaria es necesaria para que regule mejor a las universidades, en especial a las casas de estudio con fines de lucro, sostuvo hoy el exministro de Educación, Javier Sota Nadal, quien opinó que estas instituciones funcionarían más como sociedades mercantiles.
Señaló, además, que estos centros de altos estudios deben cumplir con pagar el impuesto a la renta, como lo hacen todas las empresas cuyo objetivo es obtener utilidades.
El también exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), explicó el decreto legislativo 882 que dio vida a las universidades con fines de lucro, no regula que su funcionamiento sea compatible con un servicio tan importante como la educación universitaria.
Refirió que estas entidades son sociedades mercantiles, con propietarios que pueden venderlas, liquidarlas o transferir sus acciones, y no queda claro cuál es la garantía de los estudiantes.
Igualmente, el decreto en mención les da un amplio poder a los propietarios, que pueden ser rectores, nombrar decanos y tomar decisiones administrativas, económicas y académicas, prácticamente sin rendir cuantas a nadie; a diferencia de las otras casas de estudio, ya sean públicas o privadas sin fines de lucro, que tienen una asamblea o un consejo universitario.
Por esa razón, el exministro refirió que lo ideal sería una nueva ley universitaria que regule este tema.
Si bien dijo que no puede ser eliminadas, porque prestan servicio a un importante número de estudiantes, sí se podría pensar en decretar una suspensión temporal de diez años, para que no crear más universidades de este tipo, hasta que se reordene el sistema.
Comentó que esta suspensión también podría alcanzar a las universidades públicas, pues en los últimos años también se ha incurrido en la creación de un gran número de ellas, muchas veces sin sustento técnico o presupuestal.
En este marco, Sota Nadal propuso la creación de un Consejo Nacional de Educación Superior, cuyas resoluciones tengan efecto vinculante, y que se encargue de vigilar precisamente que las universidades cumplan con la ley.
“Si los bancos tienen una superintendencia, con mayor razón las universidades”, afirmó, para luego señalar que la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) resulta insuficiente para esta tarea, pues apenas es un ente de coordinación, y sus resoluciones son vinculantes solo en algunos aspectos.
Fuente: Agencia Andina
Señaló, además, que estos centros de altos estudios deben cumplir con pagar el impuesto a la renta, como lo hacen todas las empresas cuyo objetivo es obtener utilidades.
El también exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), explicó el decreto legislativo 882 que dio vida a las universidades con fines de lucro, no regula que su funcionamiento sea compatible con un servicio tan importante como la educación universitaria.
Refirió que estas entidades son sociedades mercantiles, con propietarios que pueden venderlas, liquidarlas o transferir sus acciones, y no queda claro cuál es la garantía de los estudiantes.
Igualmente, el decreto en mención les da un amplio poder a los propietarios, que pueden ser rectores, nombrar decanos y tomar decisiones administrativas, económicas y académicas, prácticamente sin rendir cuantas a nadie; a diferencia de las otras casas de estudio, ya sean públicas o privadas sin fines de lucro, que tienen una asamblea o un consejo universitario.
Por esa razón, el exministro refirió que lo ideal sería una nueva ley universitaria que regule este tema.
Si bien dijo que no puede ser eliminadas, porque prestan servicio a un importante número de estudiantes, sí se podría pensar en decretar una suspensión temporal de diez años, para que no crear más universidades de este tipo, hasta que se reordene el sistema.
Comentó que esta suspensión también podría alcanzar a las universidades públicas, pues en los últimos años también se ha incurrido en la creación de un gran número de ellas, muchas veces sin sustento técnico o presupuestal.
En este marco, Sota Nadal propuso la creación de un Consejo Nacional de Educación Superior, cuyas resoluciones tengan efecto vinculante, y que se encargue de vigilar precisamente que las universidades cumplan con la ley.
“Si los bancos tienen una superintendencia, con mayor razón las universidades”, afirmó, para luego señalar que la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) resulta insuficiente para esta tarea, pues apenas es un ente de coordinación, y sus resoluciones son vinculantes solo en algunos aspectos.
Fuente: Agencia Andina
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