Son 150 millones de soles que dejaron de pagar al erario nacional
Algunas universidades y centros superiores de educación utilizaron de manera ilegal un beneficio de crédito tributario por reinversión que caducó en 1999, perjudicando al Estado, señaló el ex jefe de la Sunat, Luis Alberto Arias Minaya. Manifestó que los abogados tributaristas de algunas universidades sabían que estaban cometiendo un acto irregular al continuar utilizando este beneficio que ya había caducado."Por eso la Sunat procedió a acotar estos impuestos dejados de pagar en el periodo de 2000 a 2008", manifestó.
Dijo que a eso se debe el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo al Congreso, solicitando la derogatoria de la Ley 29766 que buscaba inconstitucionalmente ampliar estos beneficios hasta 2008. Agregó que de acuerdo con el Código Tributario las exoneraciones o beneficios tributarios sólo se otorgaban por tres años.
La controversia de la referida norma se gestó en 1997 cuando el gobierno fujimorista, mediante decreto ley 882 dispuso que los centros educativos superiores podrían reinvertir sus utilidades mediante un crédito tributario equivalente a la misma tasa del impuesto a la renta equivalente al 30%.
Con fines de lucro
La finalidad era apoyar el resurgimiento de las universidades que estaban sumidas en un crítico estado, pero éstas dejaron de lado su finalidad puramente educativa y se orientaron hacia la búsqueda de lucro, como cualquier otra empresa invirtiendo sus utilidades incluso para comprar vehículos de lujo.
Días antes del final
El gobierno aprista pretendió manejar una salida a la supuesta ambigüedad al promulgar, a cinco días de su salida, la ley 29766, señalando que este beneficio se aplicaba a estas instituciones educativas entre los periodos 2000 y 2008.
"Lo que está haciendo el presente gobierno es derogar esta norma. No se puede extender un beneficio tributario que ya había caducado", manifestó Arias Minaya.
Según el Ministerio de Economía y Finanzas, el Estado dejó de recaudar 150 millones de nuevos soles que ahora estaría en posición de cobrar si se deroga la referida ley en el Congreso.
Arias Minaya dijo que la derogatoria de la norma no tenía directa implicancia en el alza de las pensiones de estudios. "El Impuesto a la Renta de 30% grava a las empresas que tienen utilidades, si no las tiene, entonces no paga", manifestó.
Amenaza infundada
Una virtual amenaza al respecto lanzó Luis Bustamante Belaunde, dirigente de las universidades particulares y representante-propietario de una de ellas, la UPC.
El exsenador –de las filas del Fredemo y por consiguiente opuesto al mercantilismo– dijo que si el Estado persiste en cobrar los impuestos impagos, algunas universidades tendrían inevitablemente que cerrar sus puertas.
Pase a la Comisión de Educación
La propuesta del Ejecutivo que plantea la derogación de beneficios tributarios a universidades particulares debe pasar por el análisis de la Comisión de Educación para resguardar los intereses del país, afirmó ayer el secretario de ese grupo de trabajo, Leonidas Huayama.
Señaló que solicitará que la Comisión de Educación revise el tema, que en la actualidad se encuentra en la Comisión de Economía, para garantizar un análisis exhaustivo y equilibrado y evitar cualquier posibilidad de conflicto de intereses.
"Vamos a pedir que esta propuesta vaya a la Comisión de Educación y que los congresistas que son dueños de universidades se abstengan", declaró.
El congresista Huayama exhortó a los congresistas de la Comisión de Economía a reflexionar sobre la importancia de exigir equidad en el cobro de impuestos.
"Considero que la propuesta no está contra las universidades ni de la inversión privada y que sólo plantea un principio de equidad por el bienestar del país, ya que todos pagamos el impuesto a la renta", acotó.
Antecedentes
1 El MEF solicitó al Congreso la derogatoria de tres leyes sobre beneficios tributarios a cooperativas e instituciones educativas particulares por inconstitucionales, dado su carácter retroactivo.
2 El presidente de la Comisión de Educación, Rennán Espinoza, denunció un conflicto de intereses. Porque el presidente de la Comisión de Economía opera como vocero de sus compañeros de bancada, Richard Acuña y José Elías, dueños de las universidades César Vallejo y San Juan Bautista.
3 El vicepresidente de la Comisión, Teófilo Gamarra, precisó que la Ley 29766 es un mal precedente.
Fuente: El Peruano
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