Por Manuel Burga
Debe ser una impresión generalizada que la UNMSM, emblemática universidad pública peruana, ha sido doblemente maltratada en las últimas semanas. Primero, con un programa de homologación, casi al garete desde el 2007, que al llegar a su esperada culminación, ha terminado por excluir al docente a tiempo parcial. Segundo, con la promulgación de la ley 29659, del 27 de enero pasado, que crea la Universidad Nacional Tecnológica de San Juan de Lurigancho, se ha consumado un flagrante despojo de una parte del patrimonio físico, financiero e institucional de San Marcos. ¿Por qué el gobierno aprista, aparentemente tan interesado en la educación pública, deshace tan torpemente lo que con tanta dificultad se ha conquistado?
El 2005 fue un año tremendamente irregular para la universidad peruana: paros y movilizaciones constantes, que culminaron con una huelga de hambre de docentes universitarios en el Campus de San Marcos. La ANR, a mediados de año, había designado una comisión de rectores para dialogar con representantes del gobierno y en particular del MEF. Esta comisión, con la anuencia de la FENDUP, elaboró una propuesta para cumplir con la homologación tal como es definida en la ley universitaria 23733. El presidente Toledo intervino personalmente en las conversaciones, junto a sus ministros de Economía y de Educación, para encontrar una salida inteligente.
Las negociaciones terminaron cuando el gobierno, el 21 de diciembre, promulgó el DU 033 que autorizaba el Marco del Programa de Homologación de los docentes de las universidades públicas, que pronto fue cuestionado por la FENDUP y finalmente fue dejado de lado por una sentencia del TC. Lo rescatable de este evento es que el gobierno anterior, antes de concluir su período, en el mes de abril de 2006, hizo efectivo un 10% de este programa, cuyo cumplimiento total, en los años 2007 y 2008, se había anunciado como una política de Estado. El APRA, una vez en el gobierno, por razones que desconocemos, trató de retrasar este programa con varias leyes complementarias, hasta que finalmente en enero pasado, casi cinco años después, culminó este proceso, pero excluyendo a una gran mayoría de docentes.
Ese mismo año 2005, como parte de esta política gubernamental, atendiendo una invitación del ministro Sota Nadal, el rectorado de San Marcos aceptó estudiar la propuesta de crear una filial en SJL, para responder a las demandas de este populoso distrito, de donde proviene el porcentaje mayor de nuestros estudiantes. El IPD, a través de la Superintendencia de Bienes Nacionales y de nuevo por intervención personal del presidente Toledo, aceptó entregar en cesión de uso 40,000 m2 a la altura del km 10.5 de la avenida Wiese de este distrito. San Marcos se comprometió a enfrentar el desafío y de inmediato se iniciaron las obras que culminaron con la construcción de un cerco perimétrico y de un pabellón de dos pisos para las primeras aulas de la Pre San Marcos, el que fue inaugurado por el mismo presidente.
Así se retomaba el viejo anhelo sanmarquino de convertirse en una verdadera universidad metropolitana, con un cuarto Campus, que parecía coincidir con una política de Estado que prefería fortalecer a una universidad central antes de ceder a la improvisación y las falsas ilusiones. Pero no debe sorprendernos lo sucedido últimamente, ya que en nuestro país no hay realmente políticas de Estado para impulsar la educación, más bien estamos acostumbrados a constatar su abandono progresivo, aunque el gobierno aprista ha ido mucho más lejos: se ha convertido en el liquidador de la universidad pública, entregando este sector a expertos en la educación como negocio. Los únicos que ganan de este desinterés del gobierno son los codiciosos congresistas que solamente piensan en la reelección.
Fuente (La República, 3 de febrero de 2011)
Debe ser una impresión generalizada que la UNMSM, emblemática universidad pública peruana, ha sido doblemente maltratada en las últimas semanas. Primero, con un programa de homologación, casi al garete desde el 2007, que al llegar a su esperada culminación, ha terminado por excluir al docente a tiempo parcial. Segundo, con la promulgación de la ley 29659, del 27 de enero pasado, que crea la Universidad Nacional Tecnológica de San Juan de Lurigancho, se ha consumado un flagrante despojo de una parte del patrimonio físico, financiero e institucional de San Marcos. ¿Por qué el gobierno aprista, aparentemente tan interesado en la educación pública, deshace tan torpemente lo que con tanta dificultad se ha conquistado?
El 2005 fue un año tremendamente irregular para la universidad peruana: paros y movilizaciones constantes, que culminaron con una huelga de hambre de docentes universitarios en el Campus de San Marcos. La ANR, a mediados de año, había designado una comisión de rectores para dialogar con representantes del gobierno y en particular del MEF. Esta comisión, con la anuencia de la FENDUP, elaboró una propuesta para cumplir con la homologación tal como es definida en la ley universitaria 23733. El presidente Toledo intervino personalmente en las conversaciones, junto a sus ministros de Economía y de Educación, para encontrar una salida inteligente.
Las negociaciones terminaron cuando el gobierno, el 21 de diciembre, promulgó el DU 033 que autorizaba el Marco del Programa de Homologación de los docentes de las universidades públicas, que pronto fue cuestionado por la FENDUP y finalmente fue dejado de lado por una sentencia del TC. Lo rescatable de este evento es que el gobierno anterior, antes de concluir su período, en el mes de abril de 2006, hizo efectivo un 10% de este programa, cuyo cumplimiento total, en los años 2007 y 2008, se había anunciado como una política de Estado. El APRA, una vez en el gobierno, por razones que desconocemos, trató de retrasar este programa con varias leyes complementarias, hasta que finalmente en enero pasado, casi cinco años después, culminó este proceso, pero excluyendo a una gran mayoría de docentes.
Ese mismo año 2005, como parte de esta política gubernamental, atendiendo una invitación del ministro Sota Nadal, el rectorado de San Marcos aceptó estudiar la propuesta de crear una filial en SJL, para responder a las demandas de este populoso distrito, de donde proviene el porcentaje mayor de nuestros estudiantes. El IPD, a través de la Superintendencia de Bienes Nacionales y de nuevo por intervención personal del presidente Toledo, aceptó entregar en cesión de uso 40,000 m2 a la altura del km 10.5 de la avenida Wiese de este distrito. San Marcos se comprometió a enfrentar el desafío y de inmediato se iniciaron las obras que culminaron con la construcción de un cerco perimétrico y de un pabellón de dos pisos para las primeras aulas de la Pre San Marcos, el que fue inaugurado por el mismo presidente.
Así se retomaba el viejo anhelo sanmarquino de convertirse en una verdadera universidad metropolitana, con un cuarto Campus, que parecía coincidir con una política de Estado que prefería fortalecer a una universidad central antes de ceder a la improvisación y las falsas ilusiones. Pero no debe sorprendernos lo sucedido últimamente, ya que en nuestro país no hay realmente políticas de Estado para impulsar la educación, más bien estamos acostumbrados a constatar su abandono progresivo, aunque el gobierno aprista ha ido mucho más lejos: se ha convertido en el liquidador de la universidad pública, entregando este sector a expertos en la educación como negocio. Los únicos que ganan de este desinterés del gobierno son los codiciosos congresistas que solamente piensan en la reelección.
Fuente (La República, 3 de febrero de 2011)
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