miércoles, 15 de abril de 2015

La UNSA y la nueva ley universitaria

Esperanza medina
Docente principal de la Unsa
 Los rankings internacionales en los que las universidades peruanas no aparecen o se encuentran disputándose los últimos lugares, ponen en evidencia la crisis de nuestro sistema universitario. Y no solo eso. La universidad no asume su responsabilidad frente a la sociedad, no hace suyos los grandes problemas regionales y nacionales, y por tanto no ofrece propuestas efectivas para enfrentarlos, como es su función. De espaldas a las demandas de desarrollo, la universidad no es el actor de cambio que por naturaleza y por principio está llamada a ser.
La nueva ley universitaria 30220, emitida en julio del 2014, ofrece algunas posibilidades de mejora que habría que aprovechar para cambiar este estado de cosas. No obstante, la mayoría de casas de estudios no cumplió con elaborar su estatuto para la adecuación legal respectiva. La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA) no es una excepción, pues la Asamblea Estatutaria instalada en octubre del 2014, no ha emitido hasta la fecha el Estatuto Universitario, y por ende, tampoco ha convocado a elecciones de nuevas autoridades.  En la actualidad, esta situación,  crea un vacío legal peligroso, que afecta seriamente el cumplimiento de las funciones universitarias.
Tal es el caso de la contratación de personal docente, pues de manera sorpresiva y sin mediar concurso público ni una evaluación cabal del desempeño académico, se ratificó a la mayor parte del personal docente contratado que terminó laborando el 2014. Este actuado estaría contraviniendo la Ley de Presupuesto para el 2015, que en su Artículo 8 establece la prohibición de ingreso de personal en el sector público, para este caso. Asimismo, incumple la primera disposición complementaria de la Ley Universitaria vigente que dispone la suspensión de todos los procesos de nombramiento, ascenso y ratificación de personal docente y no docente hasta que asuman el gobierno universitario nuevas autoridades electas. De otro lado, se convocó a concurso público para contratar docentes en plazas desiertas reconocidas en el Cuadro de Asignación de Personal. Sin embargo, este proceso de contratación se viene realizando en base a la Ley Universitaria 23733, ya derogada, por tanto no se toman en cuenta las exigencias de la nueva ley, referidas al perfil profesional. Así se aceptaría candidatos sin maestría y con menos años de experiencia profesional. Los aspectos señalados anteriormente estarían indicando que la actual gestión universitaria agustina, no estaría respetando los dispositivos legales vigentes; y siendo la selección de personal docente un factor determinante en la calidad del servicio educativo, este proceder no está garantizando el derecho de los estudiantes a una formación profesional idónea. 
En este panorama es preciso demostrar un sólido compromiso con el cambio para el despegue académico de nuestra Universidad. Por eso denunciamos estos hechos y exigimos que la Asamblea Estatutaria, al más breve plazo, emita el Estatuto Universitario y convoque a elecciones de nuevas autoridades.
Fuente: La Republica

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