Por Zenón Depaz Toledo
Dieciséis nuevas universidades fueron creadas, sin sustento técnico, por el gobierno aprista. Doce de ellas tomando, inconsultamente, sedes ya existentes de universidades o de institutos tecnológicos públicos. Ese fenómeno, alentado por congresistas y caciques regionales en busca de votos, ha dejado una fuente de conflictos sociales (en Huancavelica produjo ya tres muertos). Tal vez intuyendo ello, el 7 de noviembre pasado el Ejecutivo declaró una moratoria en la creación de nuevas universidades.
No obstante, esa moratoria solo detiene momentáneamente la ola, mas no su presión creciente, alimentada por la propia “clase política”, incluyendo parlamentarios oficialistas (lo cual corrobora que el actual gobierno carece de definiciones programáticas y políticas de Estado al respecto). Seis nuevas universidades públicas han sido propuestas en el Congreso durante el último semestre: Pedro Spadaro promueve crear una en Ventanilla. Lo mismo propuso, para Puente Piedra, Rennán Espinoza (quien, irónicamente, preside la Comisión de Educación). Yonhy Lescano plantea crear la Universidad Nacional Aymara (sic). Y los congresistas nacionalistas logran aquí plena mayoría: Ana Jara (ahora ministra de la Mujer, sin que se sepa por qué), Rubén Coa y José Urquizo, promueven activamente la creación de universidades nacionales en Chincha, el Vilcanota y el VRAE (¿!), respectivamente.
En junio del 2010 el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional al CONAFU (órgano encargado de autorizar nuevas universidades); no obstante, en una de sus últimas medidas, el 27 de julio del año pasado, el anterior Congreso restituyó por un año, mediante Ley N° 29780, las competencias de ese organismo, precisamente para aprobar los proyectos institucionales de todas las universidades que, demagógicamente, dejó creadas.
En cuanto a la apertura de universidades privadas, la pachanga ha sido mayor, y muchos congresistas, exministros y hasta expresidentes han participado de ella, haciendo valer sus intereses privados y agravando con ello el desconcierto (la anomia) que muestra hoy el panorama universitario en el país.
En esas condiciones no hay posibilidad de pensar seriamente en el desarrollo nacional, y la propuesta (¿ya olvidada?) de crear un ministerio para la ciencia y la tecnología, por fuera de las universidades y dejándolas tal como están, es una broma cruel. Contrariamente a lo dicho por el ministro Valdés, en este ámbito el país requiere profundos y audaces experimentos, fundados en un conocimiento cabal de la situación de la Educación Superior y los retos que enfrenta, tomando en cuenta la posición del país en la escena contemporánea.
Debo estos apuntes a la lectura de un interesante boletín virtual (universidadcoherente.org), promovido por investigadores jóvenes, signo de que la renovación es posible en este importante espacio de la agenda política.
Fuente: La Primera
Dieciséis nuevas universidades fueron creadas, sin sustento técnico, por el gobierno aprista. Doce de ellas tomando, inconsultamente, sedes ya existentes de universidades o de institutos tecnológicos públicos. Ese fenómeno, alentado por congresistas y caciques regionales en busca de votos, ha dejado una fuente de conflictos sociales (en Huancavelica produjo ya tres muertos). Tal vez intuyendo ello, el 7 de noviembre pasado el Ejecutivo declaró una moratoria en la creación de nuevas universidades.
No obstante, esa moratoria solo detiene momentáneamente la ola, mas no su presión creciente, alimentada por la propia “clase política”, incluyendo parlamentarios oficialistas (lo cual corrobora que el actual gobierno carece de definiciones programáticas y políticas de Estado al respecto). Seis nuevas universidades públicas han sido propuestas en el Congreso durante el último semestre: Pedro Spadaro promueve crear una en Ventanilla. Lo mismo propuso, para Puente Piedra, Rennán Espinoza (quien, irónicamente, preside la Comisión de Educación). Yonhy Lescano plantea crear la Universidad Nacional Aymara (sic). Y los congresistas nacionalistas logran aquí plena mayoría: Ana Jara (ahora ministra de la Mujer, sin que se sepa por qué), Rubén Coa y José Urquizo, promueven activamente la creación de universidades nacionales en Chincha, el Vilcanota y el VRAE (¿!), respectivamente.
En junio del 2010 el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional al CONAFU (órgano encargado de autorizar nuevas universidades); no obstante, en una de sus últimas medidas, el 27 de julio del año pasado, el anterior Congreso restituyó por un año, mediante Ley N° 29780, las competencias de ese organismo, precisamente para aprobar los proyectos institucionales de todas las universidades que, demagógicamente, dejó creadas.
En cuanto a la apertura de universidades privadas, la pachanga ha sido mayor, y muchos congresistas, exministros y hasta expresidentes han participado de ella, haciendo valer sus intereses privados y agravando con ello el desconcierto (la anomia) que muestra hoy el panorama universitario en el país.
En esas condiciones no hay posibilidad de pensar seriamente en el desarrollo nacional, y la propuesta (¿ya olvidada?) de crear un ministerio para la ciencia y la tecnología, por fuera de las universidades y dejándolas tal como están, es una broma cruel. Contrariamente a lo dicho por el ministro Valdés, en este ámbito el país requiere profundos y audaces experimentos, fundados en un conocimiento cabal de la situación de la Educación Superior y los retos que enfrenta, tomando en cuenta la posición del país en la escena contemporánea.
Debo estos apuntes a la lectura de un interesante boletín virtual (universidadcoherente.org), promovido por investigadores jóvenes, signo de que la renovación es posible en este importante espacio de la agenda política.
Fuente: La Primera
