impune. El Congreso había otorgado facultades investigativas a la comisión de Educación y gracias a ello se les denunció por asociación ilícita para delinquir. Hoy eso puede quedar en nada.
La Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, a través de una reciente resolución, declaró nulo todo lo actuado por la Comisión de Educación del Congreso en la investigación que se siguió a la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV) por presuntas irregularidades.
El Congreso le otorgó a la comisión –entonces presidida por Daniel Mora– facultades investigativas para ver este caso. En octubre de 2014 el Pleno aprobó el informe final en el que se recomendaba denunciar al actual rector, Luis Cervantes Liñán, y a otras autoridades por una serie de delitos, entre ellos el de asociación ilícita para delinquir.
Cervantes se hizo conocido por percibir sueldos excesivamente altos. Este diario registró de manera detallada sus ingresos. También los de otras autoridades, incluidos los de sus dos hijos, empleados de la UIGV. Frente a las denuncias de varios ex trabajadores, la Comisión de Educación decidió pedir facultades especiales.
RAZONES
El ex congresista Mora confirmó que la resolución de la sala le fue entregada en su domicilio hace una semana.
El dictamen expone razones por las cuales, según el criterio de los integrantes de la sala, lo actuado en el Congreso debe ser anulado. Por ejemplo, cuestiona que exista “interés público” para justificar la investigación contra las autoridades de la UIGV. Eso porque, arguye la sala, no es competencia del Congreso investigar las finanzas de personas de derecho privado.
Sin embargo, Mora recordó que la UIGV es una institución educativa sin fines de lucro que, por la función pública que desempeña, se encuentra exonerada del pago de impuestos. “Por ese motivo, el Estado tiene todo el derecho de involucrarse y ver si esos excedentes se invierten como debe ser o se van en pagar sueldazos”, dijo.
Aparte de la teórica ausencia de “interés público”, la sala alega “razones de competencia”. Efectivamente, si bien no niega la posibilidad de que “autoridades y asociados de la UIGV estarían distribuyéndose los excedentes” y que sea “legítima la preocupación de los miembros de la Comisión de Educación”, el fallo añade que “el Parlamento no es un órgano con capacidad para evaluar el desempeño de universidades, si es que estas cumplen con la ley o pagan sus tributos, o si los excedentes que producen sus actividades se destinan a la investigación o a otros fines compatibles con la ley”. En ese sentido, la sala sostiene que “la conformación de una comisión investigadora es desproporcionada”.
FORMA, NO FONDO
Mora cuestionó los argumentos de la Segunda Sala Civil porque, en su opinión, no va al fondo del problema.”En el supuesto de que hubiese habido irregularidades de procedimiento, que no las hubo porque nos cuidamos mucho de respetar el debido proceso, el Poder Judicial prefiere basarse en temas de forma sin ver el fondo. Así, lo que hace es perpetuar una estafa”, sostuvo.
El ex legislador comentó que evaluará con abogados cuál debería ser la respuesta.
El rector Cervantes, a pesar de todos los cuestionamientos en su contra, se mantiene al mando de la UIGV.
Fuente: La Republica
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