Se vienen despidos masivos en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV). Para revertir las pérdidas operativas que viene registrando desde hace cuatro
años, la universidad ha decidido desvincular alrededor de 400 empleados, entre administrativos, obreros y vigilantes. La medida —asegura Luis Miguel Sandoval, su director de economía— se hará efectiva a lo largo de este mes. Además, planea liberar algunos de sus locales para destinarlos a la renta inmobiliaria. Ambas decisiones, dice Sandoval, responden a las recomendaciones de una consultoría que encargó la universidad en los últimos meses.
Pero, además, ambas decisiones son tomadas con carácter de urgencia. “Vamos a ser frontales, tenemos que atacar nuestro problema de raíz. Porque si no, la universidad se cierra, incluso sin necesidad de que me lo diga la Sunedu“, afirma Sandoval. Aunque garantizar su sostenibilidad financiera es el principal reto de la universidad hoy, fuentes de Sunedu aseguraron a SEMANAeconómica que éste es apenas el primer paso para lograr licenciarse. La UIGV todavía tiene que revertir la situación de 19 indicadores evaluados inicialmente como “desfavorables” y fortalecer la de otros 13 “en riesgo”.
Esta revista conoció que el lunes 15 la Sunedu inició una serie de visitas a la universidad, destinadas a recabar información sobre los compromisos adquiridos por ésta en su plan de adecuación. Éste será uno de los últimos pasos para determinar si podrá seguir operando o no. La historia del licenciamiento de la UIGV parece estar llegando a su fin.
EL ORIGEN
La UIGV registra pérdidas netas desde el 2016, pero el panorama es aún más complicado al observar sus resultados operativos —que reflejan los flujos generados por el negocio en sí mismo—, en los que arrastra pérdidas desde el 2015. Adecuarse a la Ley Universitaria, promulgada en el 2014, supuso un golpe duro para sus finanzas. “Teníamos cursos online y cursos de actualización a nivel nacional. Ambos se cayeron [la nueva ley prohíbe los cursos 100% a distancia]”, explica Sandoval. El cierre de estas modalidades, además del recorte del año académico de tres a dos ciclos, hizo que su población estudiantil se redujera de 37,000 a 18,000 alumnos y que sus ingresos pasaran de S/243.9 millones en el 2015 a S/144.9 millones en el 2018.
Esta caída en la facturación —41% en tres años— desnudó la estructura de gestión de la universidad, y expuso problemas que antes quedaban cubiertos por los flujos de la educación a distancia. Uno de ellos es su abultado gasto de planilla, que Sandoval atribuye a que obreros, vigilantes y administrativos perciben sueldos muy por encima del promedio del mercado. “Antes los sindicatos pedían aumentos todos los años. Así llegaron a sueldos de entre S/5,000 y S/6,000 para un obrero”, detalla. Aunque los procesos en su contra han sido archivados, la Fiscalía sostuvo que el rector ganaba un sueldo mensual variable superior al millón de soles.
Otro problema fue el uso de recursos para actividades ajenas al coreeducativo, como el negocio de impresión. “Teníamos una imprenta con sobrecarga de trabajo y además tercerizábamos. Era un circuito que le generaba un forado a la universidad”, dice.
Al cierre del 2018, la UIGV registró S/27.6 millones en pasivos corrientes, de los cuales S/11.3 millones correspondieron a préstamos bancarios y S/8 millones a deudas con proveedores. Aunque Sandoval asegura que la deuda con los bancos es pagada siempre a tiempo —para no cerrarse las puertas del sistema financiero—, sí acepta haberse financiado con proveedores. “En proveedores es otro tema, hemos tenido que cortar todo y pagar poco a poco. Es lo lógico”.
DESPIDOS Y ALQUILERES
Los recortes no han sido suficientes para alcanzar la estabilidad. “Nunca atacamos la parte principal, que es el excedente de trabajadores. Tenemos 83 docentes ordinarios, pero 758 entre empleados, obreros y vigilantes. Hoy el 70% de la planilla es de estos empleados [no docentes]”, dice Sandoval. En el 2018, sólo los sueldos de administrativos ascendieron al 54% del gasto de personal, que totaliza S/106.3 millones. En consecuencia, la universidad ha tomado la decisión de despedir 400 empleados este mes. “Debió haber sido en junio, pero por el reportaje [realizado por Cuarto Poder], ya estarían afuera gritando. Julio será el mes clave”, afirma.
Sandoval asegura que el plan de despidos nace de las recomendaciones hechas por un estudio encargado antes de presentar el Plan de Adecuación a la Sunedu. “La consultora Fahsbender, que tiene experiencia con universidades ya licenciadas, recomienda desvincular progresivamente al personal obrero y administrativo cuyas funciones no añaden valor a la organización”, asegura. Fahsbender Consulting, con sede en Piura, lista entre sus clientes a la Universidad Nacional de Piura o la San Antonio Abad del Cusco. Esta revista se comunicó con su gerente general, Juan Carlos Fahsbender —hoy gerente para la Reconstrucción con Cambios en Piura—, quien detalló que el estudio fue elaborado por la consultora asociada a su firma Liliana Carrillo, pero a título personal.
“La desvinculación va a ser de acuerdo a ley. Ya hemos ido al Ministerio de Trabajo (MTPE) a demostrar financieramente cómo estamos. Las liquidaciones serán de alrededor de S/1 millón y se van a abonar de forma escalonada hasta fin de año”, explica Sandoval. Consultado al respecto, el MTPE aseguró que no posee registro de ningún proceso de este tipo para la UIGV. Finalmente, está el plan para reubicar la escuela de posgrado y la facultad de Educación al campus de la Av. Simón Bolívar, en Pueblo Libre, para liberar inmuebles que serán alquilados. “Educación está en un tremendo local de 90 aulas y sólo usa 14. Nos vamos a licenciar sólo sobre siete locales y una filial [Chincha], y todos los demás pasarán a ser alquilados”, dice Sandoval.
APENAS EL PRIMER PASO
Aunque su problema más urgente es el financiero, la UIGV todavía tiene un largo camino por recorrer para sobrevivir. “El informe inicial de Sunedu contempla 28 requerimientos para la universidad, y sólo unos cuantos están referidos a la sostenibilidad financiera”, contó a SEMANAeconómica una fuente vinculada al proceso de licenciamiento que pidió anonimato por tratarse de información reservada. Esto es especialmente complicado dado el ‘cuello de botella’ que genera la incertidumbre para las finanzas universitarias. “Los bancos ya no nos están prestando dinero. El caso Telesup despertó mucha suspicacia en el sector financiero y, aunque demostremos respaldo inmobiliario, dicen que no pueden darnos dinero hasta que tengamos la licencia. El alumno también retrae sus pagos”, dice Sandoval.
Uno de los problemas pendientes —según la fuente de Sunedu— está en la alta dirección de la universidad, al mando de la cual el rector Luis Cervantes Liñán lleva 15 años. De acuerdo a información a la que esta revista tuvo acceso, mientras el presupuesto para planilla de profesores contratados bajó de S/44 millones a S/20.5 millones y el de ordinarios, de S/27 millones a S/23.75 millones entre el 2015 y el 2018, la partida de profesores que son funcionarios fue la única que creció. Entre enero del 2015 y enero del 2018, el presupuesto mensual para sueldos de docentes ordinarios funcionarios aumentó S/200,000, hasta S/633,000, al contrario de la política de recorte expresada en el resto de la planilla.
En un proceso abierto en el 2013 ante la Corte Superior, la Fiscalía sostuvo que Cervantes Liñán percibió —a raíz de ‘bonos de producción’ que le fueron asignados— una remuneración declarada de S/1.7 millones en febrero del 2011, en mayo una de S/1.2 millones, en junio una de S/2.1 millones, y en septiembre del 2012 otra de S/1.2 millones. “El sueldo de S/2 millones del rector nunca existió, ni existe, ni va a existir. Lo que hubo fue un sinceramiento de beneficios sociales, vacaciones truncas, gratificaciones, todo adeudado. El pago se hizo una única vez”, argumenta Sandoval. El proceso mencionado fue archivado definitivamente en el 2015, debido a errores formales en la presentación de la apelación y al incumplimiento de plazos para rectificarlos.
En el 2014, la Comisión de Educación del Congreso, presidida por Daniel Mora, concluyó que Cervantes y su alta dirección habían recibido remuneraciones por S/215 millones en nueve años, y que el rector había cometido seis delitos, entre los que estaban fraude en la administración de persona jurídica, defraudación tributaria y lavado de activos. Este informe, sin embargo, fue declarado nulo por el juez Ricardo Chang Racuay, quien había obtenido una maestría en la UIGV y que en mayo fue detenido de forma preliminar por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.
Pero más allá de la cuantía de los sueldos, el problema está en el ‘copamiento’ político de los puestos de dirección, asegura la fuente de Sunedu. Ejemplo de ello es una resolución de junio pasado en la que la Asamblea Universitaria nombra como vicerrector al Consejo Universitario, que preside el propio Cervantes Liñán. Consultado sobre si, de cara a obtener el licenciamiento, el rector debería renunciar tras 15 años en el cargo, Sandoval alega que “la misma pregunta deberíamos hacerle al rector de la [Universidad] San Martín, José Antonio Chang [quien tiene 18 años en el cargo y su universidad ya está licenciada] o a Marcial Rubio [quien fue rector por nueve años de la PUCP, también licenciada]”.
SEMANAeconómica tomó conocimiento que el lunes 15 se inició una diligencia en los locales de la UIGV por parte de Sunedu para supervisar algunos de los compromisos adquiridos por la universidad en su Plan de Adecuación. Además de garantizar su sostenibilidad financiera, la universidad tendrá que demostrar avance en los 19 indicadores “desfavorables” y solidez en los 13 “en riesgo”. Su futuro —y el de sus 18,000 estudiantes— depende de ello.
Fuente: Semana Economica
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