Presidente de junta directiva dice que exigir acreditación de cuatro años es una discriminación arbitraria. También presentarán un recurso de protección contra el Cruch por criterios para ingresar al SUA.
¿La gratuidad irá nuevamente en una glosa de la Ley de Presupuestos? ¿Cuáles serán las exigencias para las instituciones? Son preguntas que los rectores y estudiantes ya se hacen y que, seguramente, marcarán la discusión a la hora de definir los avances de esta nueva política de financiamiento estudiantil.
En ese contexto, la Universidad Central fue una de las instituciones que quedó al margen del beneficio, debido a que no cumplía con los cuatro años de acreditación que se fijó como exigencia (tiene tres). Frente a ese escenario, el plantel, que con 34 años de historia fue una de las primeras universidades privadas del país, está evaluando los pasos a seguir para que se modifique el criterio y que sólo se exija contar con la acreditación.
El presidente de la Junta Directiva de ese plantel, Ricardo Napadensky, explicó a La Tercera que “vamos a ir a todas las instancias necesarias, llegaremos hasta el Tribunal Constitucional para que esa discriminación arbitraria no siga y no vuelva a ocurrir en 2017”.
Napadensky planteó que “¿cuál es la diferencia que hay entre un plantel con cuatro años de acreditación y uno que tiene tres? Si la universidad está acreditada, debe ser ayudada en todas las instancias para mejorar su acreditación, pero no debe ser sancionada de antemano porque castigan a una comunidad entera”.
El directivo plantea que en su institución el 60% de los alumnos son vulnerables, “por eso creemos que ellos tienen derecho a exigir mejores condiciones también. No puede ser que estos estudiantes, que tienen las mismas carencias que los que hoy tienen gratuidad, no tengan la misma posibilidad por un tecnicismo. Porque el criterio de cuatro años de acreditación fue un acuerdo que no dejó de lado la discriminación arbitraria”.
Napadensky apunta que la discriminación arbitraria se confirma, además, porque “hay planteles estatales que no cumplen con esos cuatro años. Lo dijimos públicamente y sostenemos la misma posición ahora”.
La postura de la U. Central es compartida por otras casas de estudios. El rector de la U. Academia de Humanismo Cristiano, Pablo Venegas, coincidió en que la exigencia de cuatro años de acreditación “es una medida arbitraria”. Y argumentó que “no hay nada que objetivamente sustente ese criterio. El 65% de nuestros estudiantes son susceptibles de gratuidad, sin embargo no podemos acceder por este requisito arbitrario, ya que tenemos tres años de acreditación”.
Venegas añadió que por el momento no están pensando acudir al TC. “Pero estaremos atentos a qué es lo que ocurre con la posibilidad de que la U. Central vaya al TC. Miraremos qué pasa en esa acusación”, dijo.
La nueva presidenta de la Corporación de Universidades Privadas (CUP) y rectora de la U. de Las Américas, Pilar Armanet, sostuvo que “nosotros como CUP creemos que debe haber igualdad entre las instituciones e igualdad entre los estudiantes. Los requisitos y exigencias deben ser las mismas para los estudiantes”.
Armanet planteó que “a mí, en particular, me parece que todos los jóvenes más vulnerables debieran recibir el beneficio. Si la educación superior va a ser gratuita para los primeros deciles, todos los estudiantes de universidades acreditadas debieran poder participar en ello”.
Por otro lado, el rector de la U. Santo Tomás, Jaime Vatter señaló que no han analizado la posibilidad de recurrir al TC. Sin embargo, dijo que “si hay una universidad que presenta un requerimiento o que dice que lo analiza, abre la puerta para que en otros lados se discuta también. Probablemente nos vamos a cuestionar el tema en la junta directiva y se podría analizar”.
En tanto, el abogado constitucionalista de la UDI, Jorge Barrera, quien patrocinó el recurso que el año pasado presentó la oposición ante el TC por la gratuidad, explicó que la exigencia de ciertos años de certificación no sería inconstitucional, “siempre que se exija a todas las instituciones de educación superior, por igual, los mismos años de acreditación”.
Barrera subrayó que “si a algunas universidades se les exigen dos años de acreditación, y a otra cuatro, estamos frente a una diferencia arbitraria, pues no se están exigiendo iguales estándares de calidad, discriminando entre estudiantes que acceden a una u otra institución”.
Fuente: La Tercera
