Por Alberto de Belaunde
Actualmente se viene discutiendo en la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República el proyecto de la nueva Ley Universitaria. El pasado 17 de octubre, la Comisión aprobó ratificar los primeros ocho capítulos del proyecto de la nueva ley universitaria, a fin de iniciar el debate del resto del texto y poder llevarlo al Pleno del Congreso.
El proyecto trae muchos puntos polémicos: la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria y sus atribuciones, los requisitos para la creación de nuevas universidades, la propia organización académica, por mencionar solo algunos puntos. Además del contenido de la reforma, preocupa también la manera en que esta se viene impulsando, reduciendo el ámbito de propuesta y discusión al espacio congresal.
Ello preocupa no solo por el desprestigio de dicho poder del Estado, sino por la poca representatividad que en dicho espacio tienen los principales actores del sistema educativo peruano (estudiantes, profesores, académicos, universidades, empresarios de la educación, etc.). El resultado -hasta el momento- es un proyecto de dictamen que, más que recoger las aspiraciones y propuestas de especialistas y actores sociales, refleja la indudable buena voluntad de algunos congresistas, pero no necesariamente trae consigo el mejor producto final.
Otro punto de preocupación es que se considere, como suele ocurrir en los debates legislativos, que la sola aprobación de una norma arreglará un problema social muy complejo. La aprobación de cualquier reforma universitaria tiene que venir acompañada de una serie de medidas adicionales que comprometan a otros actores además del Congreso de la República o la posible Superintendencia. Por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas. Como bien señaló Idel Vexler en un
reciente artículo, “Un asunto vital es que la nueva norma esté financiada para que las universidades públicas tengan los recursos suficientes para mejorar sus condiciones de formación y de investigación”. Caso contrario, la efectividad de la reforma puede verse en juego.
En un interesante
artículo académico, el ex ministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza, cuenta su experiencia en distintas reformas emprendidas durante su paso por el MEF, identificando elementos comunes para la viabilidad de las mismas. Carranza señala que toda reforma necesita de cinco requisitos para no fracasar:
1) Poder asumir la magnitud del costo político: Para ello debe analizarse la aprobación de los actores políticos involucrados, el impacto de las protestas de los grupos afectados por la reforma y cómo los ciudadanos perciben la reforma y sus beneficios.
2) Que se cuente con viabilidad política: Analizar si la propuesta podrá ser aprobada por el Congreso y legitimada por el sistema judicial en caso de que haya alguna controversia legal que cuestione su constitucionalidad o legalidad.
3) Establecer el costo financiero de la reforma: Si es muy alto, podría afectar su adecuada implementación y su sostenibilidad en el tiempo.
4) Una sólida estructura técnica y legal: Debe garantizarse la calidad de la reforma y los beneficios para la sociedad.
5) Liderazgo político fuerte: Se requiere un líder que pueda dar cara e impulsar la reforma, asumiendo el rol que le corresponde en el juego político.
Frente a estos cinco elementos, cabría preguntarse si la actual reforma universitaria, en los términos en que se está planteando, puede aprobarse y ejecutarse con éxito. Lo conocido hasta ahora deja campo para la duda.
Fuente: Semana Económica
Macedo, de 25 años y estudiante de Administración de Empresas, fue escogida como la dueña del mejor trasero del país, superando en la final a Eliana Amaral, del nororiental estado de Pernambuco, y Jéssica Amaral, candidata del norteño y amazónico Pará.
