Iván Vásquez Ponce
El debate de la Ley Universitaria ha entrado en sus tramos finales y todo indica que las dos principales discrepancias entre la Comisión de Educación, que trata el tema, y las universidades nacionales y particulares, son el voto universal y la autonomía universitaria, según señaló el rector de la Universidad de Chiclayo (UDCh), doctor Róger Pingo Jara.
¿En qué puntos están en desacuerdo y en cuáles de acuerdo, con la Comisión de Educación, respecto al proyecto de la nueva ley universitaria?
La Asociación Nacional de Rectores (ANR) discrepa de la comisión respecto a la votación universal, a la autonomía universitaria y que, una vez que la ley se promulgue, los rectores cesen en sus cargos; después, en lo que coincidimos, es que haya un vicerrectorado de investigación y presupuesto mayor para éste y que las universidades se acrediten.
¿Cuál es su discrepancia con la votación universal?
Hay un riesgo con este tipo de votación, y es que se politicen las universidades, tipo campañas electorales, con caos, compra de votos, que haya comisiones interventoras al no ponerse de acuerdo, como ya sucede. Y por otro lado, que grupos extraños puedan acceder al gobierno universitario como el Movadef con ideas subversivas, terroristas.
Y en cuanto a la autonomía universitaria, ¿cuál es su objeción?
Ninguna ley puede estar por encima de la Constitución y esta, en su artículo 18, señala la autonomía universitaria, por lo tanto no se puede ir contra esta norma sacando esta nueva ley de inferior alcance, además, el Tribunal Constitucional (TC), en un caso anterior, ya ha fallado a favor de la autonomía de las universidades. Aquí viene el punto del papel que debe desarrollar la ANR. Con la nueva ley, la ANR pierde vigencia. Se crearía el Consejo Nacional de Universidades, como propone el congresista nacionalista Sergio Tejada, que dependería del Viceministerio de Educación y la ANR estaría por debajo de estos dos entes sin ningún poder de decisión.
Hay otra propuesta.
Se crearía, como propone el congresista, también nacionalista, Jorge Rimarachín, la Superintendencia Nacional de Universidades, que se traería abajo el Consejo Nacional para el Funcionamiento de Universidades (Conafu) y a la ANR, además el Congreso nombraría a los miembros de esa superintendencia y hasta la integrarían miembros de la CGTP. Qué tienen que ver ellos acá, ¡el colmo!
¿Se atenta contra la empresa y propiedad privada?
El legislador Yehude Simon ha dicho que con la votación universal y la desaparición de la ANR se estaría interviniendo la propiedad privada en el caso de las universidades particulares, porque hay decretos legislativos que promueven la inversión privada en el país y con esta ley universitaria se atenta contra la libre empresa, pues muchos extraños podrían manejar las universidades particulares.
Respecto a que los rectores cesan en sus cargos con la vigencia la ley, ¿ustedes qué dicen?
Es algo antidemocrático. Los rectores y vicerrectores han sido elegidos para un determinado período, deben culminar su gestión. Es como si se aprobara una ley y los congresistas tuvieran que irse ya. Tiene que haber una transición. Hay rectores que están un año en el cargo, otros sí ya llevan algunos años. El tema es que deben terminar su período y que este punto no sea un capricho de la comisión.
Pasando a las coincidencias, los puntos de encuentro, ¿cuáles son estos?
Claro que hay coincidencias. Lo principal es que se está proponiendo la creación del vicerrectorado de investigación, que significa más fondos para la investigación. Se está proponiendo que del presupuesto asignado a la universidad, el 25 por ciento se designe a investigación, pero de una manera gradual. Que se empiece con uno por ciento y, en diez años, en el caso de las universidades privadas, se llegue al 25 por ciento con beneficios tributarios. Y es que, por ejemplo, actualmente no hay profesores dedicados a la investigación a tiempo completo.
¿Otra coincidencia?
Otro punto de coincidencia es que las universidades tienen que acreditarse, cosa que sí ha hecho y está haciendo la UDCh. Universidad que no se acredita no puede entregar título a nombre de la Nación, que lo haga a nombre de la universidad. Esto implica también que todos los estudiantes deben graduarse con elaboración de tesis, adiós a los cursos de titulación.
El presidente de la Comisión de Educación ha dicho que ha recorrido el país para tratar esta ley.
El congresista Daniel Mora dice que se ha consultado a todas las instancias, que ha recorrido todo el país, para sacar adelante esta ley, cuando no es así. Él no dice que en el centro del país, en el oriente y en el sur, no tuvo quórum (la presencia de la mayoría de congresistas de su comisión) para iniciar los debates de la ley. Las universidades acudieron al encuentro, pero no hubo debate por esta falta de los congresistas. Mora sólo ha consultado a la Federación de Estudiantes y a la Federación de Profesores Universitarios, que tienen un sesgo izquierdista. No ha convocado a la ANR, no ha convocado a la Confiep y ya adelantó opinión en los medios de comunicación, ha hablado de la votación universal y que cesan la ANR y los rectores. Esperamos que haya una discusión seria, técnica, bien pensada, de consenso, sobre el tema, que va a implicar el cómo se van a desarrollar las universidades, por lo menos, en los próximos treinta años.
La ANR ha hecho su aporte. En junio del 2012 presentó un anteproyecto para esta ley que apoyan varios partidos políticos, pero que no se ha tomado en cuenta para el debate nacional.
Se quiere implantar un modelo de ley universitaria de los años ’70, un modelo venezolano de intervención, un modelo de acuerdo a la gran transformación de Ollanta Humala.
Fuente: La Republica
